Españoles en las rendijas del Brexit

El pasado 30 de junio se cerró el plazo para que los europeos residentes en el Reino Unido legalizaran su situación en el país después de que el Brexit les dejara en un limbo. Un proceso titánico que ha regularizado a través del conocido como EU Settlement Scheme (EUSS, Plan de Residencia de Ciudadanos de la UE) a más de seis millones de comunitarios, en su gran mayoría de forma rápida y sencilla, pero que para algunos ha supuesto un auténtico calvario. Personas vulnerables o mayores, sin acceso a la tecnología, con trayectorias vitales complejas, o a los que la pandemia ha obligado a ausentarse del país durante meses, han visto peligrar derechos tan básicos como el acceso a la sanidad pública, a la vivienda o al trabajo.

El caso de Andrés García no es el único. «He tenido que buscar papeles de 30 años para probar al gobierno que he estado aquí todo ese tiempo», explica este trabajador social por teléfono desde su casa de Cwmavon, en Gales. Las complicaciones para localizar toda la documentación que le pedían lo embarcaron en una sucesión de correos y llamadas con las autoridades, obteniendo en muchas ocasiones por respuesta solo una frustrante grabación o un mensaje automatizado. Su situación se complicó al tener el pasaporte caducado y por las dificultades para trasladarse al consulado de Londres durante el confinamiento para renovarlo. Desesperado, acabó acudiendo a la oficina del diputado que representa a su circunscripción en el Parlamento británico para que le ayudaran a solucionar su caso.

Menos suerte ha tenido Jorge Marín, al que las autoridades han rechazado su solicitud para obtener la residencia y sus planes para emprender una vida en el Reino Unido. Después de pasar unos meses en 2019 trabajando en Bath, este cordobés regresó a España para estudiar un curso presencial en la universidad, pero con la intención de volver en el verano de 2020. La pandemia se interpuso en su camino.

El EUSS prevé dos modalidades, el estatus de 'asentado' (settled), para aquellos que han vivido más de cinco años en el país, y el de 'preasentado' (pre-settled), para los que llevan menos tiempo. Este último es el que solicitó Jorge, y aunque lo hizo ya desde España, «el requisito era que hubieras estado viviendo en el Reino Unido antes de 31 de diciembre de 2020 y solo te hayas ido por un periodo como máximo de 12 meses por estudios. Ese era mi caso», cuenta desde Córdoba. El proceso es completamente digital, y Jorge aportó como prueba de su estancia en el país unas nóminas. Sin embargo, al cabo de unos meses de silencio, el Home Office (el equivalente al ministerio del Interior británico) le pidió más evidencias. «No encontraba qué otras pruebas podía aportar, quizás lo ponía claramente pero, como mi inglés no es muy bueno, supone una barrera para una página tan técnica como esa», reconoce el joven.

El tiempo fue pasando, «tardaban meses en contestarme a los correos y solo recibía respuestas automatizadas. Lo último que me pidieron fue ¡un certificado de matrimonio!, cuando yo no estoy casado con ninguna inglesa». La negativa llegó el pasado 23 de junio. Hace tan solo unos días, Jorge recibió una oferta para trabajar en un hotel en las Highlands escocesas, «algo que sería mi sueño». Sin embargo, para poder conseguirlo ahora deberá someterse a la durísima nueva ley de inmigración, que prevé un sistema de puntos y que excluye a prácticamente todos los aspirantes a trabajos no cualificados. «Me he quedado muy decepcionado porque estoy enamorado del Reino Unido y mi intención era quedarme allí hasta que me hartase», lamenta.

Desde que se puso en marcha el EUSS, tanto el gobierno británico como las distintas embajadas europeas, ONG y grupos de presión como 'The 3 Million' han desarrollado una intensa labor de información sobre los riesgos de no acogerse al programa y quedar en situación de ilegalidad una vez que se consumó la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

En la embajada española, por ejemplo, se creó la 'Ventanilla única del Brexit' para centralizar todas las dudas relacionadas con la nueva situación. Se mandaron cartas a todos los españoles mayores de 70 años y se puso en marcha una campaña para recordar a los padres que también tenían que solicitar el permiso de residencia para sus hijos. La inmensa mayoría lo ha reclamado sin problemas, pero siempre hay algunos que se cuelan por las rendijas del sistema. «El problema es que lo que no te llega no sabes que existe», reconocen desde la 'Ventanilla', donde creen que los problemas empezarán a surgir en las próximas semanas o meses. Muy probablemente cuando algunos vuelvan de vacaciones y se encuentren en la frontera con que les exigen un permiso de residencia que desconocen que necesitaban.

«Hay mucha gente que no va a saber qué pasa hasta que llegue la misma Policía a su casa o les manden la carta de la Home Office invitándoles a salir del país», advierte David Casarejo, presidente del Consejo de Residentes Españoles en el Norte del Reino Unido, quien recuerda que otro problema lo plantean los que sí lo solicitaron a tiempo, pero aún no han obtenido respuesta, ya que «a partir de ahora, sí que te pueden pedir pruebas físicas de tu estatus de residencia».

Esa es ahora mismo la principal angustia de Áurea Mazariegos, que vive en Cambridge. Su hijo nació el 23 de diciembre y hasta mediados de junio no consiguió hacerle el pasaporte por el colapso de los servicios del consulado español en Londres. Sin el pasaporte no podía iniciar su proceso de solicitud y, aunque pudo hacerlo finalmente en los últimos días del plazo, aún no ha obtenido respuesta. «Nos preocupa que el niño pierda sus derechos en Inglaterra porque queremos quedarnos», reconoce por teléfono desde España, donde está pasando las vacaciones. Áurea espera, no obstante, no tener problemas en el aeropuerto a la vuelta: «Quiero pensar que todo va a ir bien».

La situación de otras familias es aún peor. «Unos padres nos contactaron porque a ellos les habían concedido el permiso de residencia y a su hijo de tres años se lo habían denegado», cuenta Sylvia Ordás, voluntaria de Settled, una de las organizaciones sin ánimo de lucro que ha asesorado en los últimos años a europeos en los trámites para regularizar su situación tras el Brexit.

La solicitud se hace desde una aplicación para móviles que, sin embargo, solo soportan los dispositivos más modernos, una traba para personas que no están familiarizadas con la tecnología. «Hemos tenido de todo, pero sobre todo gente mayor y sola, en las últimas semanas hemos ayudado a hacer muchas en persona, porque había algunos que no sabían ni bajarse la aplicación», explica Ordás, que se ha encargado de atender la línea en español del organismo.

«Ahora mismo es muy difícil saber cuántas personas se han quedado fuera», reconoce Noelia Martínez, coordinadora del Citizen Rights Project que, desde otoño de 2018, ofrece información y asesoramiento sobre el EUSS a los europeos residentes en Escocia. Pero los casos, advierte, van a llegar, «quizá cuando esas personas tengan que pedir prestaciones sociales, o entrar en una casa o un trabajo nuevo. Y entonces lo importante será que no se escondan, que pidan ayuda para solucionarlo».