Los españoles reclaman un pacto de Estado contra el cambio climático

Esta exigencia es la principal de las demandas que entregaron en el Parlamento los portavoces de la Asamblea Ciudadana contra el Clima, el órgano que reunió durante seis meses a ciudadanos anónimos, pero representativos de la sociedad española, que, con la ayuda de expertos independientes, debatió y acordó qué 172 medidas concretas deben impulsar autoridades y sociedad para ser más eficientes en la pelea contra el calentamiento global y para que España cumpla su compromiso de alcanzar las cero emisiones de gases de efecto invernadero no más tarde de 2050.

La Asamblea Ciudadana está formada por un centenar de españoles elegidos al azar, pero en cuya designación se buscó que fuese un microcosmos del país, por lo que el sorteo tuvo en cuenta la prevalencia por sexo, edad, nivel educativo, procedencia geográfica y la distribución entre urbano y rural de la propia sociedad.

«El pacto de Estado es necesario porque vamos tarde. ¡Pónganse de acuerdo, que no tenemos un planeta B!», conminó a parlamentarios, Gobierno y poderes públicos Óscar Escobar, uno de los portavoces de la asamblea, desde el Salón de Pasos Perdidos del Congreso, donde resumieron sus principales demandas coincidiendo con el día en el que el mundo recuerda la importancia de parar el cambio climático.

Los cinco representantes del foro ciudadano, que trasmitieron sus propuestas con intensidad y convencimiento, defendieron la urgencia del pacto de Estado y recordaron a los políticos que ellos, personas como especificaron de todas las capas sociales e ideologías, han sido capaces de ponerse de acuerdo, en la inmensa mayoría de los casos «casi por consenso», sobre las acciones más necesarias para tratar de salvar el planeta. No trata de poder sino de querer, les dejaron claro.

La asamblea, impulsada por el Ministerio de Transición Ecológica y guiada por un panel de coordinadores, trabajó entre diciembre de 2021 y mayo de 2022 con la ayuda de expertos independientes y de un equipo de facilitadores para buscar los consensos. Celebraron cinco sesiones digitales de deliberación sobre las soluciones contra el cambio climático en áreas como al consumo, los ecosistemas, el trabajo, la alimentación y el uso del suelo o la vida en comunidad, la salud y los cuidados y el 22 de mayo, en una sexta reunión ya presencial, votaron los acuerdos. Es el tercer ejercicio similar en el mundo, después de las asambleas ciudadanas del Reino Unido (2020) y Francia (2021).

Los representantes de la sociedad civil reclamaron a los políticos españoles que «nos escuchen» y que «las recomendaciones se lleven a cabo» porque les recordaron que el cambio climático «ya está aquí» -como demuestra un verano de incendios, noches tropicales y lluvias torrenciales- y que las autoridades, instituciones y empresas «no están haciendo lo suficiente contra la crisis climática», que, recordó George Juan Deamer, se ceba sobre todo en quienes tienen menos recursos. La más joven de los ponentes realizó un último reproche. «Falta representación de los jóvenes en los procesos de toma de decisiones sobre el cambio climático, pese a que somos la generación con mayor 'ecoansiedad'. No queremos que nuestra participación se limite a votar cada cuatro años», les afeó.

El informe, ya entregado al Gobierno en junio pasado, propone acciones en todos los ámbitos en su más de un centenar páginas. Pide incentivos al teletrabajo y un transporte público barato, limpio y que cubra las necesidades de la mayoría para reducir las emisiones de CO2; medidas y ayudas para acelerar la rehabilitación verde y el ahorro energético en viviendas y empresas; y una apuesta por la producción y el consumo de proximidad, para reducir el transporte de mercancías de largo recorrido, que en cualquier caso debe cambiar camiones o aviones por más trenes eléctricos.

Los ciudadanos también reclaman fomentar la dieta mediterránea, la agricultura y ganadería sostenibles y limitar las macrogranjas; intervenir el mercado de la energía para acelerar la producción renovable y garantizar precios que no dejen atrás a los más vulnerables; instaurar el delito de ecocidio para quien ignora las prohibiciones y daña el planeta; reforzar la sanidad pública y la atención a la dependencia ante el previsible incremento de enfermedades y pandemias por el calentamiento global; y obligar a un reciclaje de productos masivo y a un alto grado de reutilización del agua, entre otros.

Los presidentes Congreso y Senado, Meritxell Batet y Ander Gil, en el cierre del acto, compartieron la necesidad y la urgencia del pacto de Estado demandado por la asamblea ciudadana, suscribieron la validez de sus 172 propuestas y apostaron porque formen parte del plan de acción de país contra el calentamiento global. «Merecéis ser escuchados y que trabajemos sobre vuestras recomendaciones. Merecéis que nosotros también lleguemos a un acuerdo», resumió Batet.