España vuelve a liderar una nueva resolución de la ONU contra el tráfico de órganos

España apuesta por lograr que la trata de personas y el tráfico de órganos se analicen desde la perspectiva de los Derechos Humanos, la salud y la óptica penal. Se trata de delitos cuya prevención y persecución requieren de la formación adecuada y la estrecha colaboración de las autoridades sanitarias y especialistas de la salud con las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado.

La Resolución también reconoce el valor del Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra el tráfico de órganos humanos, como primer documento legal internacional que define con precisión este delito y cuya apertura a firma se llevó a cabo en la ciudad española de Santiago de Compostela en el año 2015, en reconocimiento a nuestro país por su liderazgo en la lucha internacional contra este tipo de prácticas.

La nueva Resolución insta a los Estados Miembros de Naciones Unidas a:

1

Desarrollar sus propios sistemas de trasplantes, según los principios éticos defendidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y sobre los que se asienta el sistema español de trasplantes.

2

Velar porque la extracción de órganos humanos se produzca en centros específicamente autorizados por las autoridades sanitarias nacionales.

3

Realizar auditorías periódicas de los centros acreditados para la donación y el trasplante.

4

Desarrollar registros que permitan garantizar la transparencia de la donación y el trasplante, la trazabilidad y la calidad y seguridad de los órganos humanos.

5

Aportar información periódica a los registros internacionales, como el Observatorio Mundial de Donación y Trasplante establecido por la OMS y gestionado por la ONT en España.

6

Capacitar a las fuerzas del orden, a los agentes de control de fronteras y profesionales sanitarios para detectar posibles casos, incluso en internet, de tráfico de órganos y trata de personas con fines de extracción de órganos y denunciar prácticas ilegales presuntas o confirmadas.

7

Adoptar todas las medidas necesarias, incluidas las jurídicas, para proteger a las víctimas de trata y buscar fórmulas para remediar la vulnerabilidad de las personas que venden sus órganos.