El Congreso aprueba la ley que despenaliza la eutanasia

España se convierte así en el sexto país del mundo y en el cuarto europeo, junto a la pionera Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y Colombia -Portugal la validó en enero, aunque la Corte Constitucional pidió revisar la ley antes de promulgarla-, que permitirá ayudar a morir a un paciente incurable para evitar su sufrimiento. La legislación, que entrará en vigor en junio tras una moratoria de tres meses, responde a una creciente demanda social a la que hoy se ha puesto fin tras un último debate en el Congreso de los Diputados.

La norma autoriza la eutanasia, en la que el personal médico administra la sustancia mortal, y el suicidio asistido, en la que es la propia persona la que se encarga de tomar la dosis prescrita. Varios otros países toleran esta última opción, así como la llamada eutanasia pasiva, que es la interrupción de tratamientos médicos para mantener la vida. Permitirá así a toda persona con «enfermedad grave e incurable» o padecimiento «crónico e imposibilitante» solicitar ayuda para morir y evitar «un sufrimiento intolerable». Pero uno de los aspectos en los que se ha hecho mucho hincapié es en que es una ley «garantista», es decir se imponen estrictas condiciones, como que la persona sea «capaz y consciente» al hacer la petición. Esta debe formularse por escrito «sin presión externa» y ser repetida quince días más tarde. El médico siempre podrá rechazarla si considera que no se cumplen los requisitos. Además, debe ser aprobada por otro médico y recibir luz verde de una Comisión de Evaluación. Y cualquier profesional de la salud puede alegar «objeción de conciencia» para negarse a participar en el procedimiento, que pasará a ser una prestación más en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud.

Era la ministra de Sanidad, Carolina Darias, la que cerraba con su intervención el punto del día más importante en la sesión plenaria. Lo hacía agradeciendo la «trabajo» a los grupos parlamentarios y a sus antecesores en el cargo. «Es un día importante porque avanzamos en el reconocimiento de derechos, porque avanzamos hacia una ciudadania más humana y justa, pero sobre todo es un día importante para aquellas personas que se encuentren en una situación de grave padecimiento», decía recogiendo las palabras del exministro Salvador Illa. «Hoy damos un paso más en un camino de progreso que hará de la sociedad española no solo una sociedad más justa sino más decente, una sociedad que se preocupa por evitar el sufrimiento de todos sus miembros, una sociedad comprometida en la búsqueda permanente de una vida digna para quienes vivan y mueren en ella», ha asegurado. Recordaba Darias que la ley «pretende dar una respuesta jurídica, sistemática, equilibrada y garantista y, además, atiende una demanda importante de la sociedad española» y que el derecho estará incluido como una prestación más en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud.

Antes intervenía la exministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, como portavoz del Grupo Socialista. Carcedo ha utilizado su turno de intervención para dar voz a muchas de las reflexiones de quienes han luchado durante años por que se regularizara la eutanasia. La primera, la de Maribel Tellaetxe: «En este país contraer una enfermedad terminal degenerativa al parecer es delito, la condena es un final cruel y doloroso desprovisto de toda integridad y dignidad. Tu dolor y sufrimiento es moneda de cambio entre los que debieran legislar para mitigarlo». «Ella -ha continuado la parlamentaria y exministra de sanidad- prefirió sufrir durante años para evitar las consecuencias penales a su familia». También ha recordado el caso de Ángel Hernández, que ayudó a morir a María José Carrasco, «para acabar acusado de violencia de género». «Con la aprobación de esta ley desaparece del Código Penal la sanción de la ayuda para morir», ha dicho arrancando los aplausos del hemiciclo.

Ha recuperado las palabras de Fernando Cuesta, que solicitó la eutanasia en Suiza y pedía a los políticos que pensaran «por una vez» en los que sufren. «Hoy una mayoría de las Cortes Generales hemos cogido el testigo de estas y otras personas enfermas y sus familiares que llevan años clamando por la regulación de este nuevo derecho», ha dicho Carcedo. «Esta ley establece que la persona decida con libertad cuándo hace uso de este nuevo derecho. Libertad con mayúsculas porque esta ley da una nueva dimensión a la ley de autonomía del paciente, una libertad para decidir no una libertad para incumplir las leyes o para mantener los privilegios, que es el eslogan de la derecha», ha afirmado.

Durante su intervención también mencionaba a aquellas personas que a pesar de su situación aman la vida, pero «temen que la progresión de su situación no se lo ponga fácil y aunque quieren seguir viviendo aspiran a tener una ley para cuando les resulte insoportable». Y daba el testimonio de Rafa, una persona de 35 años que lleva 15 con tetraplegia: «Me da tranquilidad, quiero una bala en la recámara». Al tiempo, ha recordado a los populares que «por tres veces impidieron» que la ley de cuidados paliativos fuera aprobada en la Cámara Baja. «Ustedes recortaron 12.000 millones en el Sistema Nacional de Salud y 4.600 en dependencia para que vengan ahora a hablar de esto», ha dicho. Al mismo tiempo, ha recordado al doctor Luis Montes, «como símbolo de muchos profesionales que perseveran a pesar de las crueles persecuciones y de los intentos gravísimos de desprestigio profesional y personal» y a las asocicaciones de derecho a morir dignamente.

El debate se hacía más bronco con la intervención de los conservadores. Primero subía a la tribuna la parlamentaria de Vox Lourdes Méndez Monasterio. «Hoy es un día que pasará a la historia de la ignominia en España, hoy se consuma su plan de implantar la cultura del descarte y de la muerte», comenzaba. «España es el cuarto país de Europa en legislar la eutanasia y el 31 en cuidados paliativos. Han optado por la muerte en lugar de los cuidados. Hablar de libertad y de derecho a decidir es una burla cuando han rechazado los cuidados paliativos», aseguraba. «Decimos adiós a los derechos humanos», apuntalaba también, utilizando com argumento que han evitado escuchar al Comité de Bioética y a los expertos jurídicos que advierten de que «la eutanasia va en contra de la Constitución». «Presentaremos un recurso al Tribunal Constitucional», ha advertido al final de su intervención, fuertemente aplaudida por sus compañeros de partido.

Subía después a la tribuna José Ignacio Echániz, del Grupo Popular. Para Echániz, la ley es «un paradigma de cómo no debe legislarse, sin escuchar a nadie». A su juicio la nueva norma «discrimina y estigmatiza». Echániz sumaba a los argumentos del grupo parlamentario de Vox, el de una ley que «va contra el juramento hipocrático». «La eutanasia no se solicita desde la libertad sino desde la falta de plenas facultades, desde la dependencia», afirmaba quien vaticina un «efecto llamada». «Nuestra alternativa es la ley de los cuidados paliativos porque cuando ya no se puede hacer nada hay todavía mucho que hacer», concluye.

Minutos antes era Sara Giménez, del grupo parlamentario de Ciudadanos, quien arrancaba los primeros aplausos del hemiciclo durante el debate cuando se ha dirigido a la bancada popular diciendo que están «en contra del avance y del progreso» y recordando todas aquellas leyes, como las del divorcio o las del matrimonio homosexual, que han rechazado frontalmente pero de las que luego «han hecho usos muchos de los miembros del Partido Popular».

Antes, Joseba Andoni Agirretxea, del Grupo Vasco, se lamentaba por haber «llegado tarde». El parlamentario del PNV daba las gracias a las personas y familiares que llevan años reclamando una ley así: «Su persistencia ha hecho que nosotros hayamos sido más eficaces». Ha recordado Agirretxea que la de hoy es «la consecución de un derecho y no una obligación» y que da una «respuesta legal y segura a una situación angustiosa y terrible». De igual manera, Agirretxea negaba la afirmación, minutos antes, de Carlos García Adanera, de UPN: «Los cuidados paliativos no los pone nadie en duda pero hay situaciones en los que los paliativos no superan ningún sufrimiento. Tampoco podemos engañar diciendo que lo hacemos para economizar la sanidad. No podemos legislar en base a los códigos éticos y morales de cada uno. Espero que nadie tenga que recurrir a esta opción que da la ley, pero que llegada esa necesidad esté esa puerta ahí».

Poco antes de las 11:00 tenía lugar la votación sobre las enmiendas del Senado. Han salido adelante con 198 votos a favor, 142 en contra y 2 abstenciones.

Es una victoria «para la gente que puede beneficiarse de ello» y también «para Ramón», se congratuló en entrevista con la AFP Ramona Maneiro, la amiga que ayudó a morir a Sampedro. Detenida por ello, no fue juzgada por falta de pruebas.

Esta regulación ha sido recibida con júbilo por organizaciones que defienden el derecho a morir dignamente y pacientes que agradecen tener la opción disponible. «No tiene ningún sentido que la gente (...) tenga que optar por una vida indigna», dijo a la AFP en Barcelona Sofía Malagón, una colombiana de 60 años enferma de párkinson. «No quiero que me tengan allí como una planta» llegado el momento, afirmó.

Del lado contrario, este paso es rechazado por la Iglesia católica y partidos de derecha, y su aplicación genera interrogantes en algunos sectores médicos. La eutanasia «es siempre una forma de homicidio, pues implica que un hombre da muerte a otro», indicó en una campaña en redes sociales la Conferencia Episcopal Española (CEE). El Estado pasa «de defender la vida a ser responsable de la muerte infligida», estimó.

En un primer voto en la Cámara Baja en diciembre, el Partido Popular y Vox se opusieron al considerar que la eutanasia es «un fracaso» del país al no garantizar alternativas, como los cuidados paliativos. «Un médico no quiere que se le muera nadie. Es el ADN del médico», dijo Manuel García Romero, vicepresidente de la federación Organización Médica Colegial, al expresar dudas sobre la implementación de la ley.

Desde mediados de los ochenta, cuando la eutanasia saltó al debate público, España ha sido testigo de varios sonados casos. El más emblemático, el de Ramón Sampedro, un gallego tetrapléjico que pasó 29 años reclamando el derecho a un suicidio asistido, que finalmente tuvo gracias a la colaboración de su amiga Ramona. La película sobre su historia, 'Mar adentro', dirigida por Alejandro Amenábar y protagonizada por Javier Bardem, ganó un Oscar en 2005.

Otro caso fue el de Luis Montes, un médico anestesista acusado de provocar la muerte de 73 pacientes terminales en un hospital en Madrid. Fue finalmente sobreseído por un tribunal en 2007. Y más recientemente, en 2019, Ángel Hernández fue detenido y espera juicio por ayudar a morir a su mujer, inmovilizada por la esclerosis múltiple.