Andrea Gantes
Madrid
Miércoles, 29 de mayo 2024, 13:50
La cifra de personas ejecutadas tras ser condenadas a pena de muerte aumentó un 30% en 2023, llegando a las 1.153 ejecuciones a nivel global, un dato sin precedentes desde 2015. La infomación recabada por Amnistía Internacional en un informe publicado este miércoles exceptúa a China, Corea del Norte y Vietnam, cuyas cifras se desconocen.
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A pesar del secretismo que rodea a estos países, se cree que recurren «ampliamente» a este tipo de castigo. Así lo reflejan documentos oficiales y mensajes transmitidos a la ciudadanía que recuerdan que ciertas actividades son susceptibles de ser castigadas con la muerte, en algunos ocasiones como herramienta de disuasión frente a actividades disidentes. En el caso de China, la ONG apunta que miles de personas habrían muerto en su hermético sistema penitenciario.
Amnistía Internacional atribuye el repunte de los datos recogidos a la subida de ejecuciones en Oriente Próximo, especialmente en Irán. Los casos en este país suponen tres cuartas partes de los datos registrados, se dispararon un 48 por ciento y evidencian una discriminación subyacente contra grupos como los baluches.
La ONG tiene constancia de la ejecución de al menos cinco menores de edad en el momento del delito, así como de 545 casos más vinculados a crímenes que, según el Derecho Internacional, no pueden ser castigados en ningún caso con la pena capital, como pueden ser el los delitos de drogas (un 56 por ciento del total), el robo o el espionaje.
Arabia Saudí, por su parte, aglutina el 15 por ciento del total. A su vez, el informe también constata retrocesos en países como Somalia, el África subsahariana y Estados Unidos. En el caso de este último país, se llevaron a cabo 24 ejecuciones, seis más que en 2022.
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El informe publicado este miércoles por la ONG refleja además un aumento del 20% en el número total de condenas, llegando a 2.428. Sin embargo, por otro lado, el número de países que aplican la pena capital cayó el año pasado a 16. «Nuestra campaña contra este aberrante castigo funciona. Seguiremos hasta que hayamos acabado con la pena de muerte», ha declarado la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard.
En dicho sentido, ha instado al presidente estadounidense, Joe Biden, a «dejar de aplazar el cumplimiento de su promesa de abolir la pena de muerte federal» y ha criticado que se siga fomentando la pena capital con métodos «crueles» como la asfixia por nitrógeno.
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Ya son 144 los países que han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica y Callamard ha pedido a la «pequeña minoría» que aún la aplica a «evolucionar con los tiempos y abolir este castigo de una vez por todas».
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