Sánchez pide a las comunidades coordinar con Sanidad el cierre de colegios

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha destacado que en este encuentro el Gobierno central y los presidentes autonómicos coincidieron en la necesidad de que la reanudación de las clases sea «presencial y con seguridad garantizando el entorno».

«Pero si hay que tomar una médida drástica de supresión generalizada de la educación en una comunidad autónoma, esa decisión debe hablarse entre todos y el Consejo Interterritorial de Salud debe tener conocimiento de ella», ha asegurado Illa, antes de subrayar que, en todo caso, «la última palabra la tiene la autoridad sanitaria y educativa de la comunidad porque es su competencia». «Los presidentes autonómicos han apoyado esta medida en un clima en que la palabra coordinación cada vez la escuchamos más, con la idea de tomar medidas proporcionadas en cada territorio», ha aseverado.

El cierre de un colegio a causa de un brote coronavirus es, a juicio del Gobierno, la última de las decisiones, y sólo debe ocurrir en casos excepcionales, cuando la transmisión del virus sea «no controlada» y «generalizada» en el centro. La semana pasada, la ministra de Educación, Isabel Celaá, e Illa se reunieron con las autonomías y expusieron un protocolo que este viernes volvió a poner sobre la mesa el ministro de Sanidad: en el momento en que surja un positivo en un grupo estable o 'burbuja' (los que no tiene contacto con el resto y que serán casi todos hasta 2º de Primaria), el grupo entero hará cuarentena; si el alumno pertenece a un grupo 'normal', sólo sus contactos estrechos se irán a casa. Y si el brote (más de tres casos) se produce en varias clases, será la autoridad educativa o sanitaria de la región la que decidirá, algo en lo que volvió a hacer hincapié este viernes Salvador Illa.

El presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha abogado por una hoja de ruta que establezca claramente en qué circunstancias debe clausurarse un centro educativo, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reclamado un «compromiso nacional» para sacar adelante el curso y su homólogo de Murcia, Fernando López Miras, ha pedido que el dinero de los fondos covid destinado a educación se mantenga también el próximo año.

Pero el clima de entendimiento de la reunión de este viernes, que elogiaron los representantes del Gobierno, no se extiende a todas las autonomías. En Andalucía, el presidente regional, Juanma Moreno, y la oposición socialista se han enzarzado en los últimos días por la supuesta falta de seguridad en el inicio de las clases en esta comunidad.

El PSOE de Andalucía exigió a Moreno que «reconozca claramente el gran engaño de la vuelta al colegio». «Estamos a cinco días de que los alumnos y alumnas vuelvan a sus aulas y todo el sistema educativo andaluz es un caos. Este tema sí que le preocupa a los andaluces, a los más de dos millones de andaluces y andaluzas que forman parte de la comunidad educativa», atacó el PSOE, que cree que Moreno elude sus competencias y busca echar la culpa a «papá Estado». El presidente autonómico respondió que los socialistas pretenden «generar incertidumbre, confusión o alimentar el miedo» en la comunidad educativa por interés político.

Andalucía, detalló Moreno, ha contratado a 6.500 profesores y a 1.600 profesionales de la limpieza. «Seguramente no sea suficiente, pero estamos estirando al máximo nuestros recursos, sin mirar de quién es la competencia», agregó.

Por otra parte, el presidente ha vuelto a hablar en esta reunión el acuerdo marco de suministro de material sanitario.

Las previsiones del Gobierno apuntan a que en los próximos dos años se comprarán al menos 3.700 millones de unidades de batas quirúrgicas, guantes, mascarillas, test moleculares y kits de extracción.