El Congreso aprueba la ley de FP, pero el PP evita el consenso

Las posiciones de todos los grupos durante su tramitación indicaban que no recibiría ni un solo voto en contra, algo inédito, no vivido ni en las ocho leyes de Educación de la democracia (incluida la flamante Lomloe), las dos de regulación del sistema universitario, ni en la normativa todavía vigente de FP, aprobada en 2002 solo gracias a la mayoría absoluta del PP, con el voto en contra del PSOE y los nacionalistas.

Hasta que poco después de las dos de la tarde la presidenta de la Cámara baja llamó a los diputados al hemiciclo para iniciar las votaciones, los populares barajaban abstenerse respecto a una ley que ha tenido en su elaboración la participación y el respaldo de amplios sectores sindicales y empresariales del país. Sin embargo, llegado el momento de pulsar los botones, la bancada conservadora apretó el 'no', para sorpresa incluso de sus socios de Unión del Pueblo Navarro (UPN) y de Vox, que se mantuvieron en su anunciada abstención crítica. Con este giro, el PP, que se había abstenido hace dos semanas en la Comisión de Educación cuando se votó idéntico texto, introdujo los únicos noes y acabó con la fiesta socialista.

La nueva ley de FP, que ahora deberá ser debatida y ratificada por el Senado, superó hoy su primer examen con 180 votos a favor, los de PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, PNV, EH Bildu, Más País, Compromís y los mixtos de PRC, Teruel Existe, Nueva Canarias y Foro; 88 en contra, de PP y el el exCiudadanos Pablo Cambronero; y las 75 abstenciones de Vox, Esquerra, JxCat, la CUP y UPN.

PP y Vox, pese al giro popular, justificaron su postura con razones muy similares. Dijeron que habían ignorado sus enmiendas, que el Ejecutivo arrinconaba en la norma a los centros concertados y que caía en brazos de «comunistas, independentistas y herederos de ETA». La abstención de ERC se debió, por contra, a la falta de memoria económica de la norma y, sobre todo, a que entiende que invade terrenos ya tenía regulados la ley homónima catalana.

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Los socialistas, incluso cuando pensaban que el PP se quedaría en la abstención, aseguraron que el partido de Pablo Casado solo pretendía evitar una ley unánime impulsada por el Gobierno y compararon a los conservadores con el escorpión del chiste, que no pueden evitar oponerse a todo «porque es su naturaleza».

La ley, que podría recibir el sí definitivo y entrar en vigor en marzo, contempla un periodo de transición de cuatro años en el que de manera progresiva se pondrá en marcha el grueso de reformas y novedades del sistema. El calendario concreto para el despliegue lo debe aprobar el Gobierno tras consultar a las comunidades autónomas en un máximo de seis meses desde la entrada en vigor, lo que apunta a que estará diseñado para el comienzo del próximo curso.

La nueva norma pretende potenciar y modernizar unos estudios que, a partir de ahora, desarrollarán en todos sus niveles una parte sustancial del aprendizaje de los alumnos (un mínimo del 25%) en las empresas del sector en el que pronto buscarán su primer empleo. Tiene como objetivo fundamental duplicar el número de jóvenes técnicos y especialistas –para responder a los perfiles profesionales que el mercado laboral español demandará a partir de 2025– y crear un sistema ágil y flexible que asuma la formación de los ocupados y el reciclaje de desempleados, así como la actualización de conocimientos de los trabajadores a lo largo de la vida.

El proyecto de ley, elaborado por el Ministerio de Educación, pero implicación de autonomías, empresarios y sindicatos, contará con 5.500 millones de euros hasta 2025 para asegurar la puesta en marcha de las reformas. Aspira, además de ampliar y modernizar las titulaciones, a crear un mínimo de 200.000 plazas en los ciclos formativos en un cuatrienio, acreditar en igual período las competencias profesionales de más de tres millones de españoles que carecen de certificación oficial alguna de sus habilidades, y a ser la vacuna contra el abandono educativo temprano, mal en el que España está a la cabeza de Europa.

La reforma fusiona en un solo sistema la antigua FP reglada –la que cursan los jóvenes en los institutos– con los programas y cursos de formación continuada y para el empleo, en muchas ocasiones gestionados por patronales, sindicatos o empresas. Para que sea posible el cambio, diseña un sistema flexible y acumulativo de formación, con un fuerte impulso de la docencia 'online', que permitirá itinerarios académicos a la carta, sobre todo para quienes aprenden y trabajan a un tiempo.

Los itinerarios contemplan cinco grados de conocimientos sucesivos y acumulativos. En el primero (el A), los beneficiarios recibirán microformaciones de pocas horas, por las que obtienen una «acreditación profesional de competencia». El grado B otorgará un «certificado de competencia profesional» tras completar un módulo. Y el C, que suma la aprobación de varios módulos, dará derecho a un «certificado profesional». Los dos últimos niveles, el D y E, se corresponden con los actuales ciclos reglados, la FP básica, media y superior. Con el D se logrará el título de técnico básico, técnico o técnico superior en cada disciplina y con el E, el de especialista (grado medio) o máster profesional (superior).

Pero el itinerario de formación profesional no se agota ni en el ciclo superior ni en el posible máster. La ley anima a los responsables educativos (autonomías y universidades) a firmar convenios para crear conexiones entre los institutos y los campus. Los acuerdos permitirían que unos y otros alumnos cursen materias o hagan prácticas en el otro ámbito académico y que exista la posibilidad de un reconocimiento mutuo de créditos para establecer pasarelas de continuación de estudios entre la FP superior y los grados y viceversa.

El otro gran eje de la reforma es su intención de transformar todo el sistema en dual. Es decir, que una parte notable de la formación se imparta directamente en el lugar de trabajo y que los centros de prácticas dispongan de un tutor y se responsabilicen de parte de la evaluación.

Habrá dos escalas. Los ciclos generales, con una estancia en la empresa de entre el 25% y el 35% de la duración de los estudios. Y los ciclos intensivos, los que tendrán un aprendizaje a pie de obra de más del 35% del curso. Los intensivos, dada su duración, exigirán que la empresa firme con el estudiante un contrato de formación y le remunere por ello en los términos que determine la legislación complementaria.

La reforma también busca dar solución a otra carencia de la FP española, la falta de internacionalización de los estudios. En los ciclos profesionales medio y superior se deberá aprender una lengua extranjera, se pondrán en marcha formaciones bilingües y se crearán dobles titulaciones, como ocurre ya en los grados. Se podrán implantar formaciones conjuntas con centros extranjeros y se fomentará la movilidad académica a otros países de estudiantes y de profesores.