Llega al Congreso la nueva reforma educativa, «parcial» y «sin consenso»

Decimos «accidentada» porque el proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la LOE llevaba en el cajón desde febrero de 2019, cuando se aprobó por primera vez. El cambio de legislatura obligó de nuevo a su paso por el Consejo de Ministros, doce meses más tarde, y acabó entrando en la Cámara baja en marzo, convirtiéndose en la primera ley que el Gobierno envía al Congreso en esta legislatura.

Combatir la segregación del alumnado, de manera que haya más equilibrio entre los colegios públicos y los concertados, en cuanto a la presencia de alumnos extranjeros y de hijos de familias desfavorecidas, es uno de los grandes objetivos de esta nueva reforma, que se convertirá en la octava si el Congreso da el visto bueno. La idea de la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, es que no existan «colegios guetos». En este sentido, la nueva normativa permitirá repartir a los alumnos con pocos recursos entre los colegios públicos y los concertados. Se elimina así el concepto de «demanda social», introducido por la ley Wert, que ha permitido a algunos centros concertados aumentar plazas a petición de los padres.

La decisión es un error para el secretario general de Escuelas Católicas y portavoz de Plataforma Concertados, José María Alvira, que considera que los progenitores «deberían ser los que elijan y, en función de eso, programar la enseñanza». A su juicio, es evidente que la iniciativa busca fomentar la escuela pública, el problema es que «eso va acompañado de unas restricciones a las concertadas, cuando ambas redes deberían ser complementarias», se queja.

No cree Alvira que la norma ponga en peligro a los centros concertados, «pero sí puede dar pie a que se dificulte su existencia o permita la reducción de aulas concertadas». Lo cierto es que la Lomloe es una ley estatal que luego cada comunidad autónoma aplica a su manera. «Tememos que algunas de ellas, menos favorables a la escuela concertada, aprovechen algunos de los preceptos de esta nueva ley para asfixiar un poco a la escuela concertada, como ha ocurrido en La Rioja, Aragón o la Comunidad Valenciana».

La ley también busca reducir el alto número de repetidores entre los alumnos españoles (la cifra, sobre el 28%, triplica la media de la OCDE). Según la nueva ley, si un estudiante tiene que repetir, esta decisión debe ser tomada colegiadamente por todo el equipo docente. La norma permitirá además acceder de forma excepcional al título de Bachillerato con un solo suspenso.

El proyecto de ley elimina también las polémicas reválidas (habrá evaluaciones de diagnóstico sin valor académico en 4º de Primaria y en 2º de la ESO) y sigue ofreciendo la asignatura de Religión, pero los alumnos que no la escojan no tendrán asignatura alternativa alguna ni su evaluación contará para la nota media del alumno (becas y acceso a la universidad). Eso sí, todos los estudiantes cursarán una asignatura de Educación en Valores Cívicos y Éticos en 5º o 6º de Primaria, así como en 1º, 2º o 3º de la ESO. Y, en plena polémica del 'pin parental', se incluye la educación sexual de forma transversal en todas las áreas de Primaria.

El proyecto elimina los itinerarios que la Lomce imponía a partir de tercero de la ESO y que derivaba a los alumnos, según las asignaturas elegidas, hacia FP o Bachillerato. Así todos los titulados en ESO podrán continuar los estudios secundarios por el camino que prefieran y los alumnos que completen FP Básica también lograrán título de ESO. Para Camilo Jené, presidente de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, es una buena noticia. «No puede ser que se le exija a un chaval de 11 o 12 años el saber qué itinerario quiere cuando a los 18 hay chavales que no saben ni lo que quieren», ejemplifica. Jené ve «urgente» la aprobación de esta ley porque «hay que acabar con la Lomce y todo lo que ha generado: la mercantilización de la enseñanza, el academicismo que ha imperado, la segregación... Pero se debe empezar a trabajar en otra que cambie por completo el sistema educativo español».

Precisamente esa es la valoración que hace Nicolás Fernández Guisado, presidente de la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE). «Es una reforma parcial, mejora algunos aspectos concretos, pero no es la reforma profunda y global que necesita la educación en España», asegura. Dice Fernández Guisado que la que hoy llega al Congreso se gestó «a marchas forzadas» para arreglar algunas disfunciones en el sistema educativo hacia el final de la legislatura pasada, pero «sin un debate serio con los representantes de la comunidad educativo y pasando de puntillas por el consejo escolar y una mesa sectorial». Y apunta a la necesidad de un acuerdo de estado «de mínimos» que sustente los cambios que necesita la educación en España y que se cristalizarían en «cambios en el modelo, en la estructura del sistema educativo, en el funcionamiento de los centros, en la situación del profesorado, en la elaboración de un currículo, más concreto y mejor adaptado a las nuevas metodologías y, sobre todo la vertebración del sistema educativo». En otras palabras, Fernández Guisado entiende que no se puede avanzar hacia un sistema educativo «absolutamente disgregado en 17 minisistemas. Debe ser algo reconocible y homogéneo».

En su opinión, otro aspecto que ha quedado desdibujado en una disposición transitoria es el del profesorado. «Al año siguiente de aprobar la ley, hay el compromiso de elaborar el estatuto docente y nosotros creemos que hay que tramitarlo junto con la ley, para no andar con parches», explica quien reclama cambios «profundos». Entre los aspectos positivos, el presidente de ANPE destaca que «se mejora el currículo. El de la Lomce era perverso. Éste es más racional, concreto y equilibrado», indica. «También nos gusta que haya un impulso de la Formación Profesional, que se apueste por las nuevas tecnologías y la digitalización y que se fijen los contenidos curriculares para que el currículo no esté desvertebrado en el 65% para el Estado, un 55% en el caso de las comunidades autónomas con lengua propia», explica. E insiste en que cualquier reforma educativa, para que no esté condenada al fracaso o al cambio de un gobierno, «tiene que venir precedida de un acuerdo de mínimos político, social y territorial».

Por su parte, Mario Gutiérrez, presidente nacional de Educación de CSIF, ve la reforma como «una oportunidad perdida». «Tiene todos y cada uno de los fallos de la anterior, que son muchos. No se ha negociado ni buscado un pacto educativo y no afronta con rigurosidad los problemas estructurales de la educación en España». Entre los problemas que nombra Gutiérrez están «la tasa de repetición, el fracaso escolar, el paro juvenil, la falta de carrera profesional y un estatuto docente y la inversión educativa».