El Consejo Escolar pide al Gobierno que fije un tope nacional de horas lectivas de los profesores

El pleno del órgano consultivo que aglutina a todos los representantes de la comunidad educativa, como punto sustancial, le pidió que aproveche la ley para fijar el tope de horas lectivas que cada profesor debe impartir semanalmente en los centros educativos públicos de todas las autónomas, cifra que los consejeros del ramo podrían reducir en los territorios en los que son competentes, pero nunca superar.

El dictamen que apoyó la mayoría del pleno defiende, en concreto, que el Gobierno recoja en su proyecto de ley que el tope máximo de horas de clase que podrá dar semanalmente un profesor de Primaria o Infantil en cualquier colegio del país será de 23, y de 18 si imparte docencia en Secundaria o en el resto de enseñanzas oficiales.

Con esta modificación, respaldada por los principales sindicatos nacionales de docentes -CC OO, ANPE, UGT, CSIF, STE, USO y FSIE-, el órgano consultivo considera que se logra un doble objetivo: revertir los recortes del PP -que colocó como jornada lectiva semanal mínima de los profesores las 25 horas en Primaria y las 20 en Secundaria- y «una homogeneización en todo el territorio español para evitar desigualdades entre el profesorado». El dictamen justifica su demanda en que «siendo la carga lectiva del profesorado un criterio que determina la calidad de la enseñanza (...), esta carga lectiva ha de ser la misma para todos los docentes», sean de centros públicos o concertados o de cualquier autonomía.

El dictamen del consejo, que responde a los deseos de la comunidad escolar, pero que el Gobierno no está obligado a cumplir, supone un importante enmienda a los planes de Celaá. El anteproyecto de Educación deroga el mínimo de horas lectivas docentes impuestas por el PP en 2012, pero deja por completo en manos de cada autonomía la potestad de fijar cuántas serán las horas de clase que darán los profesores en los centros de esa comunidad. Es decir, si las dejan como las puso el PP, si recortan las al menos dos horas semanales que pide la comunidad escolar, o si toman otra decisión.

El Consejo Escolar también pide cambios en otro de los puntos del anteproyecto gubernamental, en el que deroga la disposición del decreto del PP que impedía sustituir la baja de un docente con la contratación de un profesor interino hasta pasados al menos diez días lectivos.

Los representantes de la comunidad escolar aplauden la derogación, pero piden al ministerio que, además, incorpore a la ley un apartado que diga que «la sustitución de profesores en los centros docentes públicos y privados sostenidos con fondos públicos se producirá de manera inmediata, una vez surja la necesidad». En ese mismo apartado, y a propuesta de Cermi, también quieren que la norma especifique que, «en el caso de profesorado de alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, la sustitución deberá realizarse priorizando cualificación y experiencia con alumnado con discapacidad».

La ministra de Educación, presente en la reunión del Consejo Escolar junto a varios de sus altos cargos, no comunicó intención alguna de hacer modificaciones en el proyecto de ley pese a que conocía de antemano el documento aprobado luego por el pleno y a que escuchó en situ las peticiones de la mayoría del órgano, según relataron varios de los consejeros que asistieron al encuentro.

La derogación de las medidas de recorte presupuestario del PP se realizará en dos fases. Cuando el Parlamento apruebe esta ley, de inmediato, quedará suprimida la obligación de retrasar diez días las sustituciones de profesores. La reducción de las ratios de alumnos por aula y la disminución del mínimo de horas lectivas semanales que debe impartir un profesor tendrán que ser aplicadas por las autonomías en el curso posterior a la aprobación de la norma, el 2019-2010, aunque las consejerías que quieran pueden ir ya anticipando las medidas desde este curso.