El Ministerio de Educación ha propuesto hoy a los sindicatos de profesores la creación en breve de varios grupos de trabajo que debatan y discutan lo que debería ser el contenido del futuro estatuto docente, la reforma legal que debe diseñar cómo será la carrera docente y el ejercicio de la profesión en España de principio a fin, desde el acceso a los grados de Infantil y Primaria o al máster de profesorado hasta la jubilación.
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Se trata de una reivindicación unánime del profesorado desde hace décadas (el último intento fallido de abordar la reforma data de hace más de 17 años) y también de un mandato explícito al Gobierno de la Lomloe, la última ley educativa, aprobada por el Ejecutivo y el Parlamento en 2020.
Los responsables de Educación, durante la reunión celebrada hoy por la Mesa de Personal Docente no Universitario, han trasladado a los representantes de los docentes una propuesta para la constitución de los grupos de trabajo y les han indicado que entre este mes y el próximo les presentarán un calendario de negociación así como su idea concreta de los grupos a crear y de los temas a tratar en cada uno de ellos, según indicaron fuentes de UGT y CSIF.
Según adelantó el ministerio, su idea es que el estatuto fije las competencias profesionales de los docentes, la formación inicial del profesorado, la tutorización de prácticas durante los estudios y la posible mentoría durante la iniciación profesional de la docencia, la reforma del ingreso en la función docente (oposiciones y sistemas selectivos), el desarrollo profesional de la carrera y la configuración de su formación permanente. Una serie de ideas muy similar a la propuesta de 24 medidas que ya les trasladó a sindicatos y autonomías en la primavera de 2022 y que hasta el día de hoy no había tenido continuidad.
Aún así, según las mismas fuentes, los responsables de Educación se mostraron abiertos a debatir cualquier otra demanda de los docentes. Los sindicatos ya han dejado claro que pretenden lograr en esta negociación una reducción de las ratios de alumnos por profesor, sobre todo en los centros con más alumnos vulnerables o con necesidades especiales de apoyo educativo; una reducción obligada y para toda España de las horas lectivas semanales; la rebaja de la burocracia diaria que sufre el profesorado; la mejora de las condiciones retributivas y laborales y el derecho a la jubilación anticipada, entre otras reivindicaciones.
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