El «perverso» factor que deja impune a la violencia machista

El fenómeno de usar el silencio para encubrir al agresor se extiende por España. «En la mayoría de las provincias el número de dispensas ha aumentado o se mantiene en relación con ejercicios anteriores». Aunque es la «tónica general», los fiscales intentan seguir adelante con el procedimiento judicial pero la prueba indiciaria no es suficiente y «el resultado suele ser fallido». Según la Fiscalía, la dispensa «impide» que actúe uno de los «pilares en la lucha contra esta lacra», la punición.

En el ejercicio pasado, más de 17.205 víctimas que habían denunciado a sus parejas o exparejas callaron finalmente, ya en la fase de instrucción o en el juicio oral. Del total de procesos por violencia de género, un 10,7% de las denunciantes se acogió a la dispensa de la obligación de declarar. El resultado es un «porcentaje importante de las sentencias absolutorias», según lo aprecian los fiscales en sus informes remitidos al despacho de Dolores Delgado, que sin embargo reconoce que no existen datos específicos «contabilizados». Este porcentaje es similar al del año anterior (10,9%).

Pero ellas no se retractan por amor. Los fiscales aseguran que las víctimas lo hacen por temor. «Un motivo de protección se ha convertido en un motivo de presión del maltratador sobre la víctima. La mujer se retracta por miedo», indica el documento.

El derecho a la dispensa a declarar se convierte en un «elemento perturbador» que ejerce «presión» sobre las mujeres, y genera el «desánimo» de los fiscales ante sus «esfuerzos baldíos». El informe de Delgado señala que «algunas víctimas han perdido la vida tras denunciar agresiones anteriores que, sin embargo, fueron archivadas al ejercer la víctima la facultad de dispensa», asegura el Ministerio Fiscal.

En un mal año para la protección de la mujer, con un aumento de las sentencias por delitos contra la vida (pasaron de 68 en 2018 a 77 en 2019, la mayoría cometidas con alevosía), los fiscales señalan varios factores que intervienen en el fracaso de estos procedimientos judiciales. El primero es familiar. Son los propios hijos los que piden a la madre que no persista en la persecución del padre. Hay de fondo un «deseo de proseguir con la relación afectiva». La ambigüedad de los sentimientos se entremezcla con la dependencia económica y social.

Como solución, los fiscales indican que la víctima podría tener atención psicológica antes de declarar ante el juez, así como mejorar «el ámbito de acogida, apoyo e intervención».

Un dato que destaca la Fiscalía en su recuento más reciente es la ruptura de la tendencia al alza de menores que cometen una agresión sexual. Las diligencias preliminares incoadas este año por violencia de género cometidas por personas con menos de 18 años, sobre todo hombres entre 16 y 17 años, han sido 788, «lo que supone una disminución considerable frente al año anterior (944 diligencias)» pero superior a los registrados hace dos y tres años, con menos de 700 y de 600 cada uno.

En este apartado de violencias cometidas por menores, no obstante, se mantienen al alza los delitos de violencia doméstica contra los padres y delitos contra la libertad sexual. En este apartado destacan los abusos sexuales.

Los abusos sexuales cometidos por menores se han disparado en 2019, con más de 1.300 casos (en 2018, un 20% menos). «El fenómeno resulta muy preocupante, pudiendo tratarse de un problema educativo en su origen», dice Delgado, que señala que «el consumo de pornografía a edades muy tempranas puede estar en la raíz de una buena parte de los hechos cometidos por menores de edad inferior a 14 años».