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A sus 41 años, David conoce muy bien la sensación de meter la papeleta en una urna electoral. Este joven de 41 años, usuario de la asociación burgalesa de Síndrome de Down, ha votado en elecciones municipales, autonómicas y nacionales. Le gusta mucho votar, ... lo considera importante, y tampoco faltó a la cita el pasado 28 de abril, en su colegio electoral Padre Manjón.
David no es una de esas 100.000 personas, unas 1.400 en Burgos, que acaban de recuperar un derecho robado, el de votar a sus representantes políticos. El pasado diciembre entraba en vigor la modificación de la Ley Electoral General por la que se garantiza el derecho a votar de las personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo, poniendo fin a las limitaciones que hasta ahora seguían vigentes, tras cuarenta años de democracia.
En Síndrome de Down no cuentan con ningún usuario en esta situación, explica su gerente, Luis Mayoral, pero sí han tenido que luchar para que a muchos de ellos se les reconociese el derecho a votar. Ha habido que ir a los tribunales para modificar incapacitaciones totales, reconoce Mayoral, pues el voto es un derecho inherente a la dignidad de la persona, que nada tiene que ver con sus capacidades.
Y eso lo corrobora David, que cuenta su experiencia como votante experto que no se pierde ni una convocatoria. El 28 de abril acudió al colegio Padre Manjón con su tarjeta del censo electoral para votar. Llevaba aprendida la mesa que le correspondía, explica, pero aún así allí contó con ayuda para localizarla, lo que no es nada raro dado el caos que se generó en más de un colegio electoral, y sobre todo en horas punta, en unas elecciones con una altísima participación.
Llevaba el carné en su cartera, «como siempre», afirma y allí mismo preparó el voto: la papeleta blanca en el sobre blanco y la papeleta naranja en el sobre naranja. Ya sabía a quién iba a votar, la decisión estaba tomada con antelación, pues David escucha las noticias, ve la televisión y se informa. Conoce a los candidatos y, en función de lo que explican de sus programas electorales, vota.
Hablando con él, en una charla distendida, queda demostrado que entiende el proceso electoral, conoce a los partidos y los candidatos, y que no hay motivo alguno para que pueda votar, como cualquier otro ciudadano. Le parece «mal» que compañeros suyos no hayan podido votar hasta ahora, reconoce, y también es cierto que «no todo el mundo entiende» la modificación de la Ley Electoral.
Esto lo asegura Luis Mayoral, insistiendo en que el voto es un derecho de la persona, que afecta a su dignidad y se debe de garantizar. «No es una cuestión de capacidad», afirma, y hay que desterrar el mito de que una persona con discapacidad va a votar lo que le diga su familia o las personas de su entorno. Son independientes, autónomos, no se dejan influenciar y son, también, muy discretos.
Cuestionar el derecho de las personas con discapacidad intelectual a acudir a las urnas no difiere tanto de aquellas épocas, no tan lejanas, en las que se presuponía que dicho derecho solo le correspondía una pequeña parte de la población, los estudiados, los inteligentes, los capaces. Como si ahora todos los ciudadanos que votan lo hiciesen tras un proceso de análisis, comparación y reflexión, plantea Luis Mayoral, en lugar de votar por afinidad o simpatía. O simplemente por inercia.
David, como otros usuarios de Síndrome de Down, «tiene los mismos derechos como persona que cualquier otro ciudadano, desde que nace», reitera Luis Mayoral. En su caso, además, si lleva trabajando desde los 18 años, los cinco últimos en Telepizza, nadie debería de cuestionarse su capacidad para elegir al presidente del Gobierno. Pero se sigue haciendo, afirma el gerente de Down Burgos, pues queda todavía mucho camino por recorrer en la inserción social de las personas con discapacidad.
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