Los jefes de Estado ponen sobre la mesa la necesidad de más ayudas económicas

Los segundos compartían, según sus líderes, características como la vulnerabilidad ante los impactos ambientales, la consideración de 'país en vías de desarrollo' y la menor responsabilidad en el efecto invernadero. Y ellos eran la mayoría en el grupo de alto nivel que se reunió con Sánchez. «Debemos pagar una deuda por adelantado, la de limitar las emisiones«, resumió el presidente de Ecuador, Lenín Moreno la posición común.

En la gran mesa redonda, y blanca, moderada por Pedro Sánchez, el presidente de Honduras Juan Hernández fue quizás el más directo: «Vengo a denunciar una gran injusticia», dijo: la de emitir poco CO2 pero estar muy afectado por el cambio climático. Habló de huracanes, sequías y plagas y lanzó una propuesta: renegociar la deuda con el Banco Mundial, el Interamericano de Desarrollo y el Europeo de Inversiones. La cuenta ya estaba hecha: su nación requiere unos 1.000 millones de dólares para invertir en reforestar cuencas hídricas, transformar la agricultura y el sistema del agua o elevar la educación.

Aunque también solicitaban recursos externos, otros líderes prefirieron la sutileza, como el presidente del Congo, Félix Tshisekedi, pidió que todos los países contribuyeran a esa cuenta mancomunada. O el presidente (saliente) de Argentina, Mauricio Macri, que mantuvo que «los esfuerzos de un solo país no son suficientes para combatir la emergencia climática».

Al principio prevaleció la perspectiva optimista: «Apostar por la energía verde no significa arruinarse», calmó el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel; o «las energías renovables no aumentan los costes, incluso pueden bajarlos», dijo el primer ministro de Portugal, António Costa. Pero era un espejismo del turno de palabra. Luego hubo algunos ofrecimientos: «Estamos dispuestos a hacer una contribución financiera y compartir conocimientos», prometió el primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, para «que todos suban al barco y aporten lo que puedan». También Noruega, cuya primera ministra Erna Soldberg promocionó las oportunidades de negocio de la transición energética y ofreció triplicar sus aportaciones al fondo verde. Unos 15 millones de euros. Mónaco, por ejemplo, dará algo más de tres millones. Cifran lejanas a los 100.000 millones fijadas por la ONU.

Pero en los turnos de palabra de siete minutos pronto se escuchó el asunto desde otra perspectiva, la de los que van a la cola del tren. Desde Malawi, cuyo presidente Arthur Mutharika sostuvo que aportaría «la parte que nos toca, sabiendo que somos de los más perjudicados». Hasta Grecia, en la que su primer ministro fue más directo: «Esperamos que la Unión Europea apoye nuestra transición justa con la financiación adecuada: 44.000 millones de euros en la próxima década», dijo Kyriakos Mitsotakis. «Esperamos que esta cumbre hable de modalidades practicas y apoyo real a Uganda», concretó Ruhakana Rugunda, su primer ministro.

En la cita planeó sin embargo cierto desencanto. No estaban presentes los principales países contaminantes, recordó el de Grecia. «Estados Unidos y China no están aquí», remarcó el primer ministro de Rumanía, Ludovic Orban. Casi en paralelo, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que no tenía suficiente cargo para acompañar a los mandatarios, organizaba una rueda de prensa en la que aseguraba que su país, pese a Trump, seguía comprometido con el planeta.