Trabas burocráticas en una Cumbre del Clima sin acuerdos concretos

Hace falta la acción gubernamental pero Guterres observa «demasiados obstáculos burocráticos y regulatorios, incluyendo subsidios perversos para los combustibles fósiles y muchas otras formas de acción gubernamental que desaceleran los compromisos». Aquello que debe resolverse en las negociaciones de la convención amenaza con quedarse en el aire, aún. «Esperamos ver estrategias de neutralidad de carbono para 2050, y la descarbonización de sectores clave, como energía, industria, construcción y transporte», mediante impuestos al carbono y el fin a los subsidios para los combustibles fósiles y plantas de carbón para 2020, dice el secretario general de la ONU.

Como puntos a favor, no necesariamente alcanzados durante la COP25 pero sí en sus antesalas, Guterres menciona el compromiso de unas 170 empresas para reducir emisiones, en la campaña 'Ambición comercial por 1,5º'. «Son pioneras en nuevas formas de hacer negocios, impulsan un cambio en el sistema de la economía global, y envían una señal clara a los consumidores, inversores y gobiernos para hacer una transición justa». También destaca el impulso a la «economía verde» de la «comunidad financiera» que gestiona 3.800 millones de euros, según sus datos.

En la tarde, en su comparecencia pública, Guterres resume los logros de la COP25. «Más ambición, más solidaridad», dice. «La cumbre ha presentado nuevas acciones prácticas». Pero más que acciones lo que Guterres enumera son propósitos: 75 países se han comprometido a presentar sus estrategias de cero emisiones el año que viene; van a tratar las dimensiones sociales del cambio climático para una «transición justa» en lo económico y de género, evitar la construcción de plantas energéticas de carbón, aumentar las energías renovables, acabar con las subvenciones de energías fósiles, para descarbonizar los sectores del transporte (terrestre y marítimo), vivienda, industrias del acero y el cemento. Otras intenciones que se han refrendado son el aumento de ayudas para la 'resilencia' y aumentar la disponibilidad de la financiación sostenible.

«Impulso», es la palabra clave. «La COP25 ha sentado las bases para evaluar quién está avanzando contra el cambio climático, al mismo tiempo que demuestra que hay que hacer muchísimo más». Ante la falta de verdaderas medidas concretas el 'tiempo de actuar' se prorroga hasta el próximo año, cuando podrá servir el mismo lema de la COP25.

Desde primera hora, los ministros de Medio Ambiente de los países reunidos en la COP25 rinden cuentas de sus acciones concretas para reducir sus emisiones contaminantes y mitigar el impacto del cambio climático. En dos aspectos coincide cada ponente en sus minutos de discurso. Una, la urgencia de actuar. La otra, el esfuerzo que el país que representa hace ya. Todos reafirman sus compromisos firmes. Si han aumentado las emisiones en el último año, en una tendencia al alza desde hace décadas, ninguno reconoce responsabilidad alguna. «Soy consciente de las críticas a mi país», dice el ministro japonés. «No puedo compartir ninguna novedad en cuanto a las políticas de carbón. Pero hemos reducido emisiones por quinto año consecutivo, algo que sólo ha logrado Reino Unido. Hay que cambiar la percepción hacia Japón y vernos como una nación comprometida».

Otro gigante, China, pide concretar las normas para las emisiones de carbono. «Los países deben oponerse a cualquier tipo de unilateralismo», mientras asumen «medidas climáticas sólidas», sin mencionar cuáles. «Haremos lo posible para responder a nuestros compromisos».

Grandes productores de petróleo ondean también una bandera ecológica. Arabia Saudí asegura ser el país que emite menos carbono por cada barril de crudo producido y ser el «cuarto país del G20 en cuanto a reducción de gases de efecto invernadero». Asimismo anuncia «infraestructuras para generar electricidad de fuentes renovables y nucleares» y «reformas a los precios de la energía para obligar a que los consumidores sean racionales en su uso». Mientras que Nigeria se considera «alineada» con la transformación energética, para «seguir formando parte de la solución».

Entre los países más afectados, como los insulares o centroamericanos, Mauricio enumera sus medidas para reducir el impacto climático (desde construcción de presas hasta rehabilitación de playas), en un formato que El Salvador considera «obsoleto» antes de objetar que «cada nación debe decir de forma soberana cómo contribuir sin sacrificar su derecho al desarrollo sostenible» y reclamar que los fondos verdes ayuden a Centroamérica. Si los países en desarrollo piden más recursos de las huchas para la transición, otro industrializados, como Corea del Sur, solicitan un «precio razonable al carbono», para que la comunidad internacional intervenga una cotización que ha alcanzado «30 dólares por tonelada».

En línea con lo decidido en la Comisión Europea, los países europeos anuncian ya su compromiso con la reducción del 55% de emisiones de carbono para 2030. Dinamarca, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, por ejemplo, refrendaron también el objetivo de emisiones cero para 2050. Pero cada uno con diferencias en cuanto a las proporciones de sus fuentes de energía y sus cambios de modelos de transporte.

La plenaria de la COP25 es un escaparate para que los países exhiban sus progresos y su disposición a aportar, unos, hasta el doble de lo invertido en el Fondo Verde, y otros, saber invertirlos en la población afectada. Al escuchar a las cabezas de las delegaciones que negocian en la COP25, parece que el futuro está asegurado.