Condenada a 14 años por descuartizar a su expareja en Vizcaya

El jurado declaró culpable por mayoría de siete votos frente a dos a la acusada y ahora la magistrada-presidenta del tribunal popular, Elsa Pisonero, ha fijado la pena en base al veredicto. La Fiscalía rebajó la calificación de los hechos de asesinato, por el que reclamaba 22 años de cárcel, a homicidio al final del juicio. «Los jurados carecían de la prueba fundamental y objetiva: el cadáver», señala la sentencia. Solo se encontraron dos piernas seccionadas a la altura de la rodilla, guardadas en bolsas, en una zona de matorral junto al depósito de agua de Rontegi. El resto del cuerpo nunca se halló.

A la hora de establecer la pena, la jueza ha tenido en cuenta «el desmembramiento de la víctima, que fue desechada como basura». No aplica los atenuantes reclamados por la defensa de trastorno por consumo de cocaína o actuar en defensa propia. El tribunal popular considera que no existen pruebas que demuestren que la acusada estaba siendo agredida sexualmente cuando atacó con una navaja a Roberto Colina, como ella alegó en el juicio.

Según los hechos declarados probados, Soraya y Roberto se encontraban en el dormitorio de madrugada cuando ella esgrimió una navaja y se la clavó al hombre «una o dos veces», según admitió en el juicio. En el filo del arma blanca se encontró después perfil mezcla de ADN de ambos. Un perro adiestrado de la Ertzaintza detectó olor a sangre humana en la habitación donde supuestamente se produjeron los hechos y se realizó el descuartizamiento. Víctima y homicida habían mantenido una relación sentimental años atrás, pero, según ella, se había roto cuando retomaron la convivencia en febrero de 2020.

Otro de los indicios que apuntalaban la culpabilidad de la acusada, según la sentencia, fue el hecho de que «mintió sobre el paradero del fallecido a la Policía, a los medios de comunicación y a los vecinos». Dio varias versiones, que se había ido a Castro Urdiales (Cantabria) una temporada, que tenía neumonía y por eso no salía de casa o que andaba con compañías peligrosas. El hombre fue declarado como desaparecido hasta que en noviembre de 2020 se hallaron sus restos mortales. Entre ellos aparecieron pelos de la mujer. Soraya, que tiene varios hijos, algunos menores de edad, permanecía encarcelada en prisión provisional en el penal de Zaballa, en Álava, desde que fue detenida por la Unidad Central de la Ertzaintza en diciembre de 2020. Contra esta sentencia cabe recurso.