Lejos de taponarse, la sangría de científicos que han abandonado España en la última década no ha dejado de crecer. Así lo denuncia la Red de Asociaciones de Investigadores y Científicos Españoles en el Exterior (Raicex), que representa a más de 4.000 profesionales que ... ejercen en 18 países. En su último informe, Raicex reclama más medidas para frenar la fuga de cerebros, una de las mayores amenazas para el desarrollo del país en los próximos años.
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Entre estas iniciativas, la entidad reclama el establecimiento de un calendario de convocatorias y resoluciones anuales «estable y regular», una difusión de las convocatorias de manera abierta y extensa en español e inglés, «que incluya los criterios de evaluación, así como los salarios, y que implemente una flexibilidad en el inicio de la ejecución de los programas». Los científicos en el extranjero denuncian que el actual esquema de contratación de los centros de investigación españoles sufre de «una rigidez que favorece a los investigadores que pertenecen ya al sistema frente a aquellos en el exterior».
Además, la asociación reclama la simplificación de los procesos de evaluación y acreditación de la carrera científica para que se reconozcan o se convaliden «de manera automática» los títulos de doctorado de universidades en el exterior «mediante un sistema transparente de equivalencia de rangos universitarios españoles con rangos de universidades en el exterior». «De este modo», argumentan los científicos, «conseguiremos un sistema de evaluación y acreditación mucho más flexible e internacional, similar al de otros países líderes en materia de investigación».
Precisamente la equiparación de España con otros países es uno de los puntos básicos de las reclamaciones de Raicex. «La internacionalización del sistema de I+D español», como denominan esta iniciativa, debe sostenerse en una revisión de «los mecanismos de concurso de plazas en universidades y organismos públicos de investigación», en «la obtención de una doble afiliación mediante la firma de convenios bilaterales bien definidos», en la «regulación del tiempo dedicado a docencia por parte de los investigadores para asemejarse al de otros países punteros en investigación»; y en el «aumento de la presencia y participación española en patentes y proyectos internacionales».
Finalmente, exigen un aumento de la colaboración público-privada. «Muchas de las competencias y habilidades adquiridas por los investigadores son altamente transferibles a sectores privados (no únicamente de investigación). Sin embargo, en España no se ha promocionado lo suficiente el valor añadido que este capital humano puede tener para el sector privado», lamentan.
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