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Una de las acciones más relevantes de la Universidad de Burgos (UBU) es el potencial investigador de sus docentes. Ha quedado demostrado que es así, al menos en la evaluación de los proyectos presentados por investigadores burgaleses que optaban a las ayudas europeas convocadas en ... abril pasado por la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Educación. Están dotados con 180.00 euros.
De los 36 proyectos para los que existía presupuesto, nueve corresponden a profesores burgaleses. Y entre los primeros, como resultado de la evaluación de la directora de Universidades e Investigación, previo informe de la comisión de valoración, los de los profesores Carlos Larrinaga, Aránzazu Heras y Juan Manuel Manso, que han obtenido un 9,36 (Larrinaga) y 9,23 las de Heras y Manso.
Los proyectos que van a desarrollar son 'Contabilidad socio-ecológica y stewardship empresarial' , el profesor Larrinaga. 'Desarrollo de técnicas analíticas in-situ y en condiciones operando para el estudio de electrocatalizadores para la conversión electroquímica de nitrato a amoniaco' la docente Heras. Y 'Reciclaje de palas de aerogenerador para una industria eólica sostenible: estudio del tratamiento en origen y optimización de su contenido en mezclas de hormigón', el profesor manso.
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También han sido seleccionados los profesores Jesús Manuel Alegre, José Miguel García, Roberto Sanz, Santiago Aparicio, María Teresa Sanz y Ángel Carrancho.
Los 180.000 euros con los que está dotada la ayuda van a servir para subvencionar material científico inventariable, material fungible, viajes y dietas, servicios externos, difusión de resultados, costes indirectos, contratación de actividades científico-técnicas, contratación de un investigador doctor e indemnizaciones por fin de contrato.
Cada contrato durará tres años con un importe de hasta cuarenta mil euros al año y la duración del proyecto es de 42 meses. En la reserva han quedado otros 20 proyectos de burgaleses que se han quedado excluidos por «inexistencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas de la concesión de las subvenciones», según la propia Junta.
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