Blázquez advierte a los obispos de que las elecciones en el episcopado no son un «reparto de poder»

En las elecciones episcopales nadie se postula como candidato, si bien siempre existen maniobras en la sombra para muñir voluntades. Para Blázquez, los comicios tampoco deben ser una «oportunidad para acumular prestigio, sino ocasión para mostrar disponibilidad al servicio».

En su último discurso ante el pleno de los obispos, Blázquez se refirió varias veces a la reforma de los estatutos del episcopado, unas nuevas reglas que favorecen la colegialidad, en detrimento del centralismo. «Una excesiva centralización, más que ayudar, complica la vida de la Iglesia y su dinámica misionera», dijo el titular de la archidiócesis de Valladolid.

En esta asamblea plenaria, los prelados se gobernarán por unos nuevos estatutos que introducen varias novedades, como la ampliación del comité ejecutivo de seis a nueve miembros y una mayor duración de los mandatos, que de tres pasan a cuatro años. «Con esta renovación de los estatutos sintonizamos más estrechamente con la reforma de la Curia romana. Esperamos que se gane en eficacia y en atención a lo principal», destacó el cardenal Blázquez.

El arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, de 73 años, parte como favorito para reemplazar a Blázquez, quien ya no puede aspirar a la presidencia, toda vez que ha agotado dos mandatos consecutivos, los correspondientes a los dos trienios que van de 2014 a 2020, además de un periodo anterior, el comprendido entre 2005 y 2008. Dos obstáculos juegan en contra de Omella: su avanzada edad y regir una diócesis políticamente muy complicada, inmersa de lleno en el conflicto independentista de Cataluña. Omella se presenta como un hombre identificado plenamente con el Papa Francisco y con una inclinación natural al diálogo. No en balde, desempeñó sin éxito una mediación entre independentistas catalanes y el Gobierno de Rajoy.

Al sucesor de Blázquez le espera una tarea peliaguda: restañar las heridas en una Conferencia Episcopal dividida entre los adeptos al actual pontífice, Jorge Mario Bergoglio, y los desafectos con la línea aperturista del argentino, prelados que deben su cargo a Juan Pablo II y Benedicto XVI.

En el bloque conservador, el cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia, ambiciona la presidencia, aunque públicamente dice que no le apetece nada regresar a la brega. «Si los obispos me votan, aceptaré», aseguró recientemente en una entrevista a 'Religión Digital' el muy combativo Cañizares. Actual vicepresidente de la Conferencia Episcopal, el arzobispo de Valencia cumplirá en octubre 75 años, edad en la que debe presentar su renuncia ante el Vaticano.

Una tercera posibilidad es que los obispos apuesten por un salto generacional y se decanten por un prelado joven, si bien en una institución tan gerontocrática como la Conferencia Episcopal la juventud es un concepto bastante relativo. En cualquier, caso entre los candidatos con menor edad figura Jesús Sanz Montes, obispo de Oviedo, de 65 años y cercano al Opus Dei. Alineado ideológica y pastoralmente con el expresidente Antonio Rouco Varela, Sanz no gasta la fineza atribuible a la diplomacia vaticana. Es el clérigo que se refirió despectivamente al presidente Pedro Sánchez con las siguientes palabras: «Estamos ante alguien que no tiene conciencia ni firmeza».

Dentro también de esa apuesta por el cambio generacional se encuentra el titular de Bilbao, Mario Iceta, a punto de cumplir los 55 años y que se prefigura como una solución de consenso entre conservadores y moderados.

Con el Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, a la Iglesia se le han abierto varios frentes. Los asuntos de la discordia son el pago del IBI, la eutanasia, las inmatriculaciones, la reforma educativa, la resignificación del Valle de los Caídos y la reforma educativa, entre otros.

Quien esbozó por dónde van a ir los tiros en las relaciones Iglesia-Gobierno fue el nuncio de la Santa Sede en España, Bernardito Auza. Aseguró que la Iglesia no va a aceptar «discriminación alguna». «En la sociedad no buscamos privilegios, pero tampoco aceptamos discriminación, y en estos aspectos que tanto importan al bien de todos, siempre cabe el encuentro para dialogar, por parte de esta Conferencia, con el Estado y con todas aquellas instituciones en las que se procura y decide el bien común», remachó.