Nueva reunión del comité de crisis para el seguimiento de los efectos de la DANA y nuevos datos que ponen sobre la mesa los cuantiosos daños provocados por el desastre. El presidente del Consorcio Nacional de Seguros, José Antonio Fernández, explicó este jueves que el organismo encargado de gestionar las indemnizaciones ha recibido en solo ocho días 116.000 solicitudes de afectados, «el equivalente a un año por eventos extraordinarios».
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«Algunos de los días hemos recibido las mismas reclamaciones que en todo lo que duró el proceso del terremoto de Lorca o el volcán de La Palma», indicó Fernández durante su comparecencia tras la reunión presidida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y en la que también participan las tres vicepresidentas y siete ministros del Ejecutivo. De momento, el organismo mantiene que es prematuro hablar de cifras estimadas por cuantía, manteniendo la previsión global de unos 3.500 millones de euros.
«La velocidad de las reclamaciones que recibimos es muy significativa, pero por ver la parte positiva, es que eso significa que que los perjudicados pueden acceder a nuestro sistema», explicó Fernández, quien también quiso remarcar que el plazo de 7 días que en principio está fijado para reclamar una indemnización «no juega en este caso».
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De todas esas reclamaciones ya presentadas, el 60% corresponden a vehículos y el 31% a viviendas y comunidades de propietarios. «También hay una afectación significativa en la parte industrial y de obras civiles respecto a otros casos», remarcan desde el consorcio, que ya ha duplicado el número de peritos, hasta los 800, y prevé elevar el número de nuevo la próxima semana. De momento, los que ya están han comenzado a inspeccionar más de 50.000 casos. «Desde ayer estamos realizando los primeros pagos y el ritmo se irá incrementando», indicó Fernández, quien quiso recordar el esfuerzo para mejorar la cobertura y que las indemnizaciones lleguen en la cuantía máxima posible.
Cabe recordar que el consorcio es el responsable de los pagos, pero las coberturas son las que los ciudadanos tienen contratadas con sus seguros privados, bien sean de coches, de viviendas, etc.
Por su parte, la subsecretaria de Interior, Susana Crisóstomo, destacó que ya hay más de 10.000 agentes desplazados a las zonas afectadas, estimando que unos 118 millones de euros en las ayudas planteadas serán imputadas a los créditos del ministerio del Interior. «Nuestra única preocupación es que los municipios y hogares golpeados recuperen cuanto antes la normalidad, que nunca podrá ser la misma paara los que han perdido familiares», indicó.
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El Gobierno ha activado ya un plan de respuesta dotado en total con 10.600 millones de euros. En este sentido, Crisóstomo recordó que las cantidades acordadas cuadriplican las que establece la norma general. «Por ejemplo, en caso de fallecimiento o incapacidad, la ayuda se establece en 72.000 euros, en vez de los 18.000 de norma general. En vivienda, hasta un máximo de 64.480 euros, cuando hasta ahora es 15.120 euros», indicó.
El gran reto ahora es que esas ayudas lleguen a los damnificados. Y es que muchos recuerdan las quejas de por la gestión durante otra grave crisis como la del volcán de La Palma, donde el plan del Ejecutivo tardó demasiado en llegar, según denunciaron en su día los afectados.
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En este punto, Interior asegura haber realizado un gran esfuerzo para eliminar cualquier traba burocrática. De momento, se amplía de uno a dos meses el plazo para presentar las solicitudes de todas las ayudas, sin distinción. Teniendo en cuenta la publicación de las mismas en el BOE, los ciudadanos podrán solicitarlas hasta el próximo 7 de enero de 2025.
Se pueden presentar en cualquier registro público, las delegaciones del gobierno, en sede electrónica y, como novedad, en cualquier oficina de Correos. Solo es necesario presentar la solicitud y el formulatio de datos bancarios.
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«La administración estará a la altura del desafío», indican desde Interior, recordando las dificultades que se pueden encontrar muchos afectados al haber perdido toda su documentación. Según explican, será la administración la que se encargue de recabar cualquier tipo de información necesaria, mediante el sistema de interconexión entre administraciones.
Además, la policía ha desplegado ya tres oficinas móviles en las zonas afectadas para tramitar los DNI -y ayudar al trabajo que ya se hace en las comisarías- y ampliará a otras 3 en Chiva, Paiporta y Utiel. Del mismo modo, la Dirección General de Tráfico dictaminará mañana una instrucción para tramitar duplicados de carnet de conducir, bajas temporales de vehículos y también definitivas, sin necesidad de abonar tasas.
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