La Audiencia Nacional da tres horas a las operadoras para bloquear Telegram en España

La decisión del juez Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número cinco, es de aplicación inmediata aunque no es firme, toda vez que cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en un plazo de tres días. Sin embargo, todo parece indicar que la compañía con sede actualmente en Dubai, según apuntan desde la plataforma, no interpondrá alegaciones dado su silencio ante las reiteradas peticiones de información por parte del juzgado.

En su auto de siete páginas, Pedraz acuerda además prorrogar seis meses el plazo de instrucción de la causa penal, hasta el 29 de septiembre próximo, para instruir la causa abierta por la denuncia inicial de Telefónica contra la reiterada infracción de los derechos de propiedad intelectual y la falta de colaboración de las autoridades de Islas Vírgenes desde julio de 2023.

El magistrado, que considera la decisión de suspender cautelarmente el uso de Telegram en España como una medida «necesaria, idónea y proporcional» para cortar de raíz la reiteración delictiva de Telegram por el uso lucrativo de contenidos audiovisuales elaborados por terceros, no fija un plazo para levantar el bloqueo. Sin embargo, si no hay colaboración por parte de la compañía ni del territorio donde se ubica el periodo se podría extender el tiempo que dure la investigación: hasta septiembre próximo, es decir, seis meses.

En la comisión rogatorio de julio de 2023 se solicitó que Telegram informase sobre determinados datos técnicos que permitirían identificar los titulares de las cuentas utilizadas para la infracción de los derechos de propiedad intelectual de las entidades personadas como acusación particular.

 

Telegram es una aplicación de mensajería enfocada en la velocidad y seguridad. Así se autodefine la plataforma que cuenta con 900 millones de usuarios en el mundo y es la segunda más usada tras WhatsApp. De hecho su leitmotiv en la expansión que ha tenido en nuestro país y en todo el mundo es que le da mucha importancia a la privacidad y presume de la eficiencia de su sistema para cargar archivos y acceder a ellos desde cualquier dispositivo.

Precisamente, estos aspectos son los que han puesto en la diana para que el juez Pedraz ordenara suspender de forma cautelar la aplicación tras una denuncia presentada por las compañías de televisión Mediaset, Atresmedia y Movistar Plus y la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales Egeda, quienes acusan al sistema de mensajería de estar sirviendo para redistribuir sus contenidos sin su permiso vulnerando los derechos de autor.

La aplicación cuenta con unos 8,5 millones de usuarios en España. Según una reciente encuesta de la CNMC, un 18% de los usuarios que utiliza Internet utiliza Telegram y de sus usuarios uno de cada cuatro la abren varias veces al día, mientras que un 28% lo hacen al menos una, según datos de Statista. Sin embargo, su uso como plataforma de descarga ilegal de archivos, motivo que ha originado el cierre por parte del juez, no es mayoritaria ni lo que la ha convertido en una app popular entre la gente que comparte contenidos pirateados.

Según explica la propia aplicación en sus condiciones de uso, Telegram es mensajería basada en la nube con sincronización constante a diferencia de WhatsApp. Gracias a ello, el usuario «puede acceder a sus mensajes desde diferentes dispositivos a la vez, incluyendo tablets y ordenadores, y compartir un número ilimitado de fotos, videos y archivos (doc, zip, mp3, etc.) de hasta 2 gigas cada uno».

Telegram cuenta con un robusto cifrado de las conversaciones y de los propios archivos compartidos en su aplicación. Su política de privacidad revolucionaria, como ellos mismos la definen, se basa en evitar las prácticas de las plataformas estadounidenses, que dejan agujeros de seguridad que permiten acceder a los servicios de seguridad del país norteamericano. Además, a diferencia de otras app similares, no basa su negocio en extraer datos personales para la publicidad. De momento no han reaccionado a la decisión del juez Pedraz de bloquear su uso en España.