La app del Gobierno contra el porno despierta dudas: «Yo, de primeras, no la probaría»

«Estamos ante un problema muy serio». Con estas palabras el pasado lunes, el ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, José Luis Escrivá, comenzó la presentación del sistema de verificación de edad en plataformas de contenidos para adultos. Luego enumeró las causas de este problema: «Siete de cada diez adolescentes consumen pornografía de forma regular en España». «El 30% afirma que es su única fuente de información afectivo-sexual». «El 50% actúa por imitación». «Genera adicción, distorsión de la realidad…».

Así fue el contexto en el que el Gobierno de España presentó su solución para controlar el acceso a contenidos adultos en internet y que ha generado revuelo en las redes sociales con decenas de memes, chanzas, bromas y denuncias. «El ministro no se ha explicado bien», señala a este periódico Borja Adsuara, abogado, profesor universitario y experto en Derecho y Estrategia Digital. «Se ha hablado mucho de 'pajaporte' y de que el gobierno quiere controlar cuánto se masturba la gente, pero la realidad es que la obligación de verificar la edad de los usuarios no se la ha inventado el Gobierno, viene de tres leyes europeas: Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), El Reglamento de Servicios Digitales y la Ley General de Comunicación Audiovisual», aclara Adsuara. «Puedes estar a favor o en contra, pero es la ley y hay que cumplirla», advierte.

Esta normativa, recuerda Adsuara, tiene como objetivo impedir el acceso de menores a plataformas donde no pueden hacerlo. «Y no es solo en páginas porno», advierte. «¿Por qué no se habla de las páginas de apuestas o las redes sociales?», se pregunta. «A las redes sólo pueden acceder mayores de 14 años». Para cumplir con el mandato europeo, Moncloa, a través del departamento liderado por Escrivá, ha propuesto una aplicación móvil. «Es una herramienta pionera», aclaró el ministro. Sin embargo, ha despertado dudas y recelos. Hay luces y sombras. «Yo, de primeras, no probaría la app del Gobierno», destaca Leandro Núñez, abogado del despacho Audens y especialista en nuevas tecnologías y privacidad. «Pero lo hago por el principio de incertidumbre y que las primeras versiones siempre tienen errores».

En unos meses, los ciudadanos españoles tendrán restringido el acceso a determinados contenidos en la red. ¿Cuáles? «Aquellas plataformas de contenido para adultos que estén radicadas en nuestro país», afirmó Carmen Cabanillas, directora general de Gobernanza Pública y presidenta del grupo de trabajo del desarrollo de la herramienta de verificación de edad. Quedan fuera, por ejemplo, las diez páginas web pornográficas más visitadas en España, según datos de Semrush, una plataforma de marketing que mide las visitas y reputación online de sitios en internet. La 'nacionalidad' de estas páginas es chipriota, estadounidense, mexicana, holandesa… ¿Las redes sociales? Tienen, la amplia mayoría, su sede en Irlanda.

«Da igual que no estén en España», explica Adsuara. «Es como el RGPD, si una empresa presta servicios en Europa tiene que tener sede en Europa y por lo tanto regirse bajo la normativa comunitaria y este tema que tratamos no es un caso español, sino a nivel europeo», detalla.

Según este experto, el ministro ayer «jugó con sus declaraciones». «No puede obligar a usar su herramienta, de hecho es una más y vamos a ver cómo en los próximos meses aparecen más sistemas parecidos, incluso de las propias plataformas». Sin embargo, tanto a Bruselas como a Madrid se les escapa del control el uso de VPN para cambiar la ubicación de la dirección IP de la conexión y esquivar la regulación. «No habrá seguridad 100%, pero el incumplimiento de la ley no será tan masivo como ahora».

¿Proteger a los menores o controlar a los adultos? Esta es una pregunta que se han hecho muchos usuarios. «El sistema presentado garantiza el anonimato», defiende Adsuara. Reino Unido, Francia y otros países están desarrollando otros sistemas complementarios y alternativos. La herramienta española, «no va a ser la única» -recuerda el letrado-, no permite a las plataformas, según las especificaciones técnicas, ver quién está detrás del certificado. El Gobierno asegura que el móvil genera una clave privada que nunca sale del dispositivo. «Se rompe la conexión con la administración una vez emitido el certificado», señaló Cabanillas. «Yo ahora mismo no la usaría», repite el letrado de Audens. «Me genera mucha preocupación lo de las 30 credenciales por 30 días», señala.

Este lote de para acceder a las páginas de contenido adulto es lo que más revuelo ha despertado en las redes sociales. Buscando el símil con la realidad, la operación es similar que cuando se va a una discoteca. Allí el portero comprueba el DNI para dejar acceder al cliente, si es menor se prohíbe su entrada. En este caso, es una credencial, cada vez una distinta, anónima para evitar el perfilado del usuario. ¿Si se acaban? Hay que renovar el lote. «Se presupone que esta asociación es anónima y que por tanto garantiza la privacidad en las comunicaciones entre la Cartera Digital Beta y el proveedor del servicio», afirma Ingrid González Hernández, letrada y manager en el área de privacidad y protección de datos en Ceca-Magán Abogados.

El Gobierno asegura que la información se guarda en la parte segura del dispositivo. «Eso implica que no puede acceder nadie, ni el propio fabricante», aclara Núñez. «Pero el Gobierno tiene que demostrarlo, por ahora no lo sabemos», añade. «¿Dónde se guardarán todas las peticiones que hagamos? Esa es la pregunta».

En un primer momento, este plan está pensado para los grandes portales de contenidos pornográficos, pero buena parte circula en redes sociales como X, que permite oficialmente este tipo de imágenes, y también las aplicaciones de mensajería instantánea. «Es voluntario, pero Telegram, por ejemplo, tiene opción de llamarnos y usar nuestra herramienta», comentó Cabanillas. «Me acuerdo del caso de Telegram y el juez Pedraz, ¿crees que va a responder?», asegura Núñez. «Mucho de este tipo de contenido se comparte en grupos y conversaciones privadas, ¿el Estado puede intervenir esto? Creo que no», aclara.

• Temas
• España