Adiós al último tren convencional entre Madrid, Cuenca y Valencia

La razón esgrimida por el Ministerio de Transportes es que esta línea apenas es utilizada por los viajeros. No opinan lo mismo colectivos ciudadanos como plataformas en defensa del ferrocarril, sindicatos o asociaciones vecinales de las localidades afectadas, que reclaman más inversiones en el tren convencional para hacerlo atractivo, sobre todo en territorios de la «España vaciada».

«El Ministerio de Transportes se ha desentendido de las peticiones de los ayuntamientos afectados que han pedido los informes en los que se han basado para tomar esta decisión», apunta Fran Doménech, portavoz del colectivo «Pueblos con el Tren», que ha anunciado que acudirá al Tribunal Supremo para denunciar «los incumplimientos que se han producido en este proceso por parte del Ministerio».

De la misma opinión es el sindicato CC.OO. para el que «las actuaciones del Ministerio, RENFE y ADIF encaminadas al cierre de la línea se realizaron sin base legal, por lo que todo el expediente debe ser anulado», explica Fernando García Mora, responsable del Sector Ferroviario de este sindicato en Castilla-La Mancha.

Como alternativa a la desaparición de esta histórica línea de tren se ha aprobado el «Plan por Cuenca»: un servicio de autobuses que circulará tres veces al día entre Aranjuez y Utiel pasando y parando en Cuenca. El plan, que cuenta con el apoyo de la Junta de Castilla-La Mancha, también contempla una mejora de los servicios ferroviarios por la línea de alta velocidad entre Madrid, Cuenca y Albacete y la mejora de los servicios de transporte urbano entre la ciudad de Cuenca y la estación del AVE de esta ciudad.

Un plan que no convence a los defensores del tren convencional. «Una línea ferroviaria convencional puede ofrecer, si se reparara la deuda histórica que ha sufrido por falta de inversiones, un sinfín de oportunidades de vertebración y comunicación territorial, a la par que desarrollo económico e industrial sin olvidar la repercusión en materia laboral, tanto por los puestos de trabajo directos en juego como por las oportunidades de empleo y riqueza que generarían las inversiones que reclamamos del Estado a través de sus empresas, ADIF y RENFE», explica María José Mesas, secretaria general de CC.OO. en Cuenca. El asunto acabará en los tribunales.