Casi 150.000 niños inmigrantes malviven sin papeles en España

Doussou Kourama es una guineana con un niño de 3 años que cuando fue a la guardería para intentar llevar al pequeño «me dijeron que sin papeles no podía». Claudia, madre soltera colombiana, relata cómo la docencia telemática a la que no tuvo más remedio que pasar Juan, su hijo de 10 años, a raíz de la pandemia, se convirtió en una carrera de obstáculos. No tienen cable ni ordenador. «Tenía que seguir las clases con mi móvil».

Son solo cuatro fragmentos de vida, de mala vida, de los casi 150.000 niños y adolescentes hijos de familias inmigrantes en situación irregular que hay España. Es el cálculo lo hace el informe 'Crecer sin papeles en España', elaborado por Save the Children y la Fundación por Causa, que pretende sacar a la luz el drama de estos niños «invisibles», hijos de personas a los que la falta de permisos de trabajo y las limitaciones legales les abocan al paro o al empleo más precario, que en su mayoría no conocen más que la pobreza, expertos en infravivienda, y que ven hipotecado su futuro por un acceso desfavorable a la sanidad o la educación. «La posibilidad de haber cruzado una frontera o residir en un país sin la autorización pertinente establece una realidad en la que una parte de la sociedad se sitúa un escalón por debajo del resto en lo que respecta al reconocimiento de sus derechos», resume Andrés Conde, director general de Save the Children.

El porcentaje de irregulares entre los inmigrantes menores de edad que viven en España es de casi el doble que entre los adultos. Carecen de papeles legales de residencia el 20,4% de los niños, uno de cada cinco, frente al 13% de sus mayores. Pero, además de muchos, abundan los más jóvenes. Más de un tercio de ellos, el 37%, 55.327 chicos según el estudio, tiene 4 años o menos.

El 75% de estos menores con sus derechos muy mermados proceden de América Latina, países donde más se ha notado el gran incremento del rechazo de solicitudes de asilo vivido desde 2014. El grupo más numeroso, un 17%, son colombianos, seguidos de hondureños, venezolanos y peruanos. De hecho, los niños irregulares de países africanos son el 13% del total, pese a ser el 43% de los menores inmigrantes que viven en España. Las mayores concentraciones de chicos extracomunitarios en situación irregular están en Asturias, Galicia, Cantabria, Canarias y Euskadi, donde son más del 30% de los menores inmigrantes.

Conde avisa de que la crisis del empleo y su impacto negativo en los permisos de residencia hará que la situación vaya a peor. Gonzalo Fanjul, director de Investigación de la Fundación por Causa, tiene claro que «el tiempo corre en su contra». Calcula que otros 160.000 inmigrantes adultos con la crisis a situación irregular, a los que habrá que sumar otros 13.000 menores a los que se les deniegue el asilo.

La residencia ilegal de todos estos chicos hace que tengan el triple de posibilidades que un hogar con hijos medio español de caer en la pobreza. Si la carencia de lo básico amenaza al 14% de los segundos, es una realidad para el 48% de los primeros. El estatus socioeconómico ya es un lastre educativo para cualquier alumno, pero las opciones de estos niños de estudiar y convertir la escuela en un ascensor social son muy bajas. Su falta de papeles les dificulta el acceso a la enseñanza no obligatoria (infantil, secundaria superior o superior), no tienen derecho a becas o ayudas oficiales, y son las mayores víctimas de la brecha digital.

Con la salud siguen teniendo trabas burocráticas en algunas comunidades, pero sobre todo les limita el miedo a acudir a centros de salud u hospitales y que las autoridades puedan descubrir su situación. Las barreras continúan en la vivienda, impedidos para optar a subsidios y pisos de protección oficial, créditos o contratos, y condenados a ocupar habitaciones o infraviviendas, en muchas ocasiones, además, por precios abusivos. «El miedo, la ansiedad y el trauma que viven estos niños y ven en sus mayores definirá sus oportunidades en la vida y amenaza con truncar una generación de ciudadanos extranjeros», lamentan los autores del informe.

Los autores del estudio reclaman tres medidas urgentes para terminar con esta enorme bolsa de marginalidad y pobreza infantil. La primera es la regularización las familias de inmigrantes sin papeles con hijos, que además mejoraría su aportación fiscal, y el final de las trabas administrativas, económicas y educativas para su integración social. En segundo lugar, «proporcionar un régimen jurídico específico para la infancia inmigrante», que asegure sus derechos y evite «la irregularidad sobrevenida». Y en tercer lugar, algo que creen prioritario. Darles acceso inmediato al ingreso mínimo vital -algo que tienen vedado salvo en Euskadi, Baleares y Comunidad Valenciana-, así como a las rentas mínimas y las prestaciones por hijo a cargo autonómicas.