Unidos Podemos reclama al Gobierno que renuncie a ampliar concesiones como la de la AP-1

La formación ha llevado al Congreso de los Diputados una proposición no de ley, a la que ha tenido acceso Europa Press, que la coalición de izquierdas ha optado por defender ante el Pleno de la Cámara. Firman la iniciativa el líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, la portavoz del grupo, Irene Montero, la portavoz de En Marea, Yolanda Díaz, el diputado de la formación gallega Antón Gómez-Reino, y el diputado de Podemos Rafa Mayoral.

En su exposición de motivos, informa la agencia de noticias, Unidos Podemos insta al Gobierno a aprovechar la «oportunidad histórica» de «acabar con la anomalía del negocio privado en la red de carreteras de alta velocidad», pues creen que estas infraestructuras, «explotadas por grandes grupos del lobby bancario/constructor», critican, deberían formar parte de la red pública de carreteras.

Así, recuerdan que entre 2018 y 2021 concluyen 9 tramos de autopistas de peaje que, en conjunto, suman más de 1.000 kilómetros. Son la AP-1 entre Burgos y Armiñón, la AP-6 entre Villalba y Adenero, la AP-7 entre Tarragona y Valencia, entre Valencia y Alicante, entre Montmeló y La Jonquera y El Papiol, y entre Barcelona y Tarragona, la AP-4 entre Sevilla y Cádiz, y la AP-2 entre Zaragoza y Mediterráneo.

Asimismo, Unidos Podemos reclama al Gobierno paralizar el proceso de licitación de los contratos para preparar las privatizaciones de las autopistas «quebradas y rescatadas», a fin de mantenerlas dentro de la red pública de carreteras. Se trata de la R-2 entre Madrid y Guadalajara, R-3 entre Madrid y Agranda, R-4 entre Madrid y Ocaña, R-5 entre Madrid y Navalcarnero, el Eje Aeropuerto M-12, la circunvalación de Alicante y las autopistas AP-41 Madrid-Toledo, Ocaña-La Roda AP-36 y Cartagena-Vera de la AP-7.

En este sentido, creen que las nueve autopistas, que asumirá el Estado en aplicación de la responsabilidad patrimonial, «no deberían volver a ser privatizadas». «Sería un escándalo rescatar con dinero público empresas quebradas por la irresponsabilidad empresarial de bancos y constructoras para, una vez recuperadas, volver a entregarlas a las mismas empresas u otras compañías similares», aseveran.

Además, la formación considera que la gestión privada supone «una excepción que rompe con el principio lógico de gestión integrada de la red», «discrimina territorios y usuarios», y «está sometida a una doble amenaza: la presión de las grandes empresas de la construcción y de los bancos para seguir con el negocio y la voluntad explicitada por el PP de ceder a esta presión».