Treviño llama a la puerta de las Cortes de Castilla y León

En declaraciones a Efe, la concejala y presidenta de la Comisión de Integración de Treviño en Álava, María Eugenia Galarreta, a punto de dejar el cargo al asumirlo la alcaldesa del municipio, Elena Ramírez, ha explicado que esta ronda de contactos forma parte de la emprendida desde el verano pasado para impulsar el diálogo entre los partidos políticos y las instituciones.

«Para los políticos, Treviño es un problema pequeño, pero para nosotros es un problema de vida», ha argumentado Galarreta, convencida de que existe una oportunidad para resolver las distorsiones que provoca que los enclaves dependan administrativamente de una Comunidad de la que territorialmente permanecen aislados.

En su caso, la mayor parte de los partidos y agrupaciones independientes con representación en el Ayuntamiento son partidarias de la integración del actual enclave burgalés en Álava, que tiene más apoyos en las instituciones y partidos vascos que en los de Castilla y León.

«Hay fórmulas legales en los estatutos, pero es el de Castilla y León el que nos frena. Pusieron una barrera, pero hay vías alternativas», ha sostenido Galarreta sobre la prevención introducida en el Estatuto castellano y leonés, que habla de hasta tres requisitos para que pueda producirse tal segregación, especialmente que haya un informe favorable de la provincia a la que pertenezca, en este caso Burgos.

Las dos primeras reuniones mantenidas por los representantes de Treviño han sido con el procurador de IU-Equo, José Sarrión, y con el Grupo Parlamentario de Ciudadanos Castilla y León, sin que hayan alcanzado acuerdos concretos sino compromisos sobre la necesidad de diálogo entre las administraciones y los propios partidos políticos.

Aún no están concretados encuentros con representantes del resto de grupos parlamentarios -PP, PSOE, Podemos y UPL-, pero la intención de los representantes treviñeses es que alguno de ellos pueda impulsar alguna iniciativa parlamentaria que sirva para trasladar al Parlamento autonómico la situación de este enclave y la búsqueda de una solución para sus cerca de 2.000 habitantes.

Sobre los problemas concretos que afrontan cotidianamente, Galarreta se ha referido precisamente al hecho de que aunque oficialmente hay censados 1.300 vecinos, la población real casi duplica esta cantidad, y la mayoría de ellos se desplazan a diario a trabajar a la provincia alavesa, principalmente a la capital vitoriana.

Esta realidad laboral arrastra a otras, según Galarreta, como que de los cerca de 280 menores en edad escolar de los municipios de Condado de Treviño y La Puebla de Arganzón sólo 70 están escolarizados en el colegio de Treviño, mientras que la mayoría se desplaza a Vitoria en compañía de sus padres.

Con lo ocurrido en Cataluña el pasado 1 de octubre en la retina, la representante treviñesa ha recordado que la última consulta popular realizada en este enclave data de 1998 y, promovida por el Ayuntamiento de Condado, preguntaba sobre la posibilidad de convocar a su vez un referéndum vinculante sobre la pertenencia del enclave a Burgos o Álava.

Con una participación del 76 por ciento, el 68 por ciento de los votos (477) se mostraron partidarios del referéndum, mientras que el 31 por ciento (221) se pronunciaron en contra, pero el resultado no tuvo efectos prácticos y no prosperó la iniciativa al recurrir la Delegación del Gobierno en Castilla y León ante el TSJCyL los acuerdos plenarios del Ayuntamiento de Condado de Treviño para promover la segregación.

Más recientemente, en 2014, los votos del PP y el PSOE sirvieron para rechazar en el Congreso de los Diputados la toma en consideración de una proposición de ley presentada por el Parlamento vasco mediante la que planteaba la anexión del enclave de Treviño a Álava.

La fórmula de los convenios entre los gobiernos castellano y leonés y vasco es un punto intermedio que ha cobrado protagonismo en los últimos meses y que, tras un reciente acuerdo entre las diputaciones de Álava y de Burgos, están a la espera del visto bueno de la Junta de Castilla y León para atender áreas como la protección civil y emergencias, atención a mayores y discapacitados, políticas de igualdad, lucha contra la violencia machista y actividades culturales, entre otras.