El tramo 'Quintanaortuño-Montorio de la A-73', pendiente de la aprobación definitiva del proyecto

Así, se revisará el Anejo de Expropiaciones con el fin de componer «una relación de afectados veraz y completa», indica el anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este miércoles, considerando las alegaciones efectuadas relativas a modificaciones de superficies, bienes valorables en ellas o naturaleza y usos de las mismas. También a la titularidad de las fincas, siempre que se hayan demostrado fehacientemente las titularidades y éstas estén inscritas en los registros oficiales, incluido el Catastro, sin perjuicio de las verificaciones pertinentes en el momento de levantamiento de actas previas.

En el proyecto deberán tenerse en cuenta las conclusiones de la Auditoría de Seguridad Viaria y, en particular, se diseñarán las obras de conexión final del presente tramo con la actual carretera N-627, de manera que se proporcione continuidad al itinerario Burgos-Aguilar de Campoo con unas adecuadas condiciones de funcionalidad y seguridad del tráfico.

Se proseguirá la tramitación de los proyectos de reposición de servicios afectados, de acuerdo con lo dispuesto en la 'Circular sobre modificación de servicios en los Proyectos de Obras'. Y se tendrá en cuenta la resolución por la que se formula la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto de Trazado 'Autovía A-73, Burgos - Aguilar de Campoo. Tramo: Quintanaortuño - Montorio'.

También el informe emitido por la Confederación Hidrográfica del Duero. Se definirá la adecuada implantación de las medidas de integración ambiental y restauración paisajística en el entorno del río Ubierna. Y se definirá la adecuada naturalización de los pasos de fauna y de la superficie del Ecoducto proyectado en el entorno del P.K. 7+450, y la ejecución de los vallados perimetrales de cerramiento de la autovía.

Se establecerán las prescripciones necesarias para que el Proyecto de Construcción que se redacte cumpla con lo establecido en los artículos 125 y 127 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en lo relativo a que los proyectos deben referirse necesariamente a obras completas.

Y se deberán tener en cuenta las observaciones de carácter técnico realizadas por INECO en su Informe de fecha 30 de julio de 2019.