El 53% de los trabajadores de Burgos cobra menos de 1.000 euros

A este respecto, la secretaria general de los socialistas burgaleses, Esther Peña, ha insistido hoy en la necesidad de combatir contra los preceptos que comulga esta reforma a través de sendas modificaciones estructurales. No en vano, a raiz de su aprobación, se ha «abaratado el coste del despido», flexibilizando los criterios para aplicar despidos por objetivos, los cualse han pasado del 23% al 42% en apenas seis años.

En esta misma línea se ha incrementado la temporalidad, que ha derivado en que apenas un 11% de los contratos que actualmente se firman tienen carácter indefinido, así como la aplicación de expedientes de regulación de empleo (EREs), cuya tramitación se ha facilitado. De hecho, ha recordado, sólo en 2017 se presentaron en la provincia 29 EREs que afectaron a 5.004 trabajadores, algunos de los cuales no tuvieron, a su jucio, la suficiente justificación.

La precariedad, además, se extiende en la función pública, ya que el poder adquisitivo de los trabajadores dependientes de la administración se ha visto reducido en los últimos años a base de recortes, según Peña. Por eso, ha informado, los socialistas han elevado a debate de las Cortes Autonómicas una Proposición No de Ley (PNL) mediante la que se pide una reforma del Estatuto del Emnpleado Público.

Todo ese contexto laboral ha derivado, a juicio del PSOE en el establecimiento de «pensiones de miseria» como consecuencia de «salarios de miseria». Y es que, al «recorte» aplicado en las pensiones contributivas hay que añadir la «pérdida de poder adquisitivo» que vienen registrando las pensiones en términos generales. Una pérdida que el PSOE cifra en 17 millones de euros solo en la provincia de Burgos.

En este sentido, el portavoz socialista en el Senado, Ander Gil, insiste en que «el 60% de las familias no tiene capacidad de ahorro». «Ese es el modelo de salida de la crisis del PP», afirman los socialistas.