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Las cifras llaman la atención. Únicamente un 1,6% del total de propuestas de denuncia interpuestas durante el primer estado de alarma acabaron en sanción en Burgos. Es decir, se las casi 9.000 denuncias puestas por los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, ... solamente 144 se llevaron a término, según la información facilitada por el Gobierno central a la diputada del Partido Popular, Ana Vázquez, en respuesta a una pregunta parlamentaria.
En Burgos, la Policía Nacional detuvo a 7 personas y presentó 2.243 propuestas de denuncia desde que se decretó el estado de alarma, a mediados de marzo, hasta el 20 de junio, cuando se levantó la medida excepcional. Por su parte, la Guardia Civil interpuso 3.616 denuncias y realizó 26 detenciones. Y los cuerpos de Policía Local, en las diferentes localidades, detuvieron a 17 personas y presentaron 3.126 propuestas de denuncia por incumpliendo de las restricciones vinculadas al estado de alarma.
Con los datos facilitados a la diputada 'popular' sabemos que, de esas 8.985 propuestas de denuncia realizadas, únicamente acabaron en expediente sancionador 144. Y la proporción se mantiene en similares términos en el resto del país. En toda España, se pusieron 1.142.127 multas pero solo 7.408 finalizaron con expediente de sanción, explica la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que ha mostrado su «perplejidad» ante este mínimo porcentaje de sanciones.
En nota de prensa, la AUGC recuerda el «ingente trabajo» que tuvieron que asumir Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local (o policías autonómicas en aquellas regiones que cuentan con cuerpos de seguridad) para garantizar que se cumplieran las medidas del estado de alarma. Un trabajo que tuvieron que hacer «bajo condiciones de riesgo extremo de contagios y, en no pocas ocasiones, expuestos a reacciones airadas» de los infractores, recuerda.
Sin embargo, ahora se comprueba que la inmensa mayoría de las denuncias han acabado sin sanción. «Desde AUGC debemos mostrar nuestra perplejidad porque cientos de horas de esfuerzo y sacrificio de guardias civiles y policías nacionales y locales hayan quedado de momento sin repercusión real sobre los infractores«, apuntan. Y lo preguntan si ese bajo porcentaje reponde a un retraso en la tramitación ante la acumulación de expedientes o «a otras cuestiones que, en este caso, deberían explicarse» tanto a los cuerpos de seguridad como a los ciudadanos.
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