El juicio contra dos varones (J. A. A. P. y C. L.), acusados por delitos de trata de seres humanos y contra el derecho de los trabajadores después de que a finales de 2015 ofrecieran presuntamente contratos ilegales y ficticios a personas de origen rumano ... para recoger setas en los montes aledaños de la localidad burgalesa de Canicosa de la Sierra, ha quedado visto para sentencia después de la declaración esta mañana del denunciante (P. L.) y las conclusiones.
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Una testificación, en la que P. L., de origen rumano, ha negado la versión inicial y ha asegurado que hizo esa declaración «al estar secuestrado por un grupo de rumanos (al parecer habían tenido una pelea con el acusado C. L.) que me obligaron a decir todo eso». «No vine por la fuerza hasta Canicosa, no me obligaron a recoger setas, no estábamos encerrados en la nave de J. A. A. P., no me quitaron el pasaporte, vine voluntario y trabajaba entre 2 y 4 horas al día», ha detallado el P. L. en una declaración telemática que contradice la inicial y por la que podría incurrir en un delito de falso testimonio.
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Y es que el Ministerio Público pide seis años de cárcel a cada uno por un delito de trata de seres humanos y otros dos años a cada acusado por otro delito contra el derecho de los trabajadores. Por su parte, los dos abogados de las defensas han solicitado la absolución, además de considerar que «Fiscalía debería haber retirado la acusación al demostrarse que ha sido un cúmulo de falsedades sin comprobar».
Con motivo de la campaña de recogida de setas que se realizaba en Canicosa de la Sierra, durante los meses de septiembre a diciembre de 2015, «el acusado C. L., ofertaba en diversos pueblos de Rumanía contratos de trabajo en España para la recogida de setas».
Según Fiscalía, los supuestos contratos que C. L. ofertaba, de conformidad con J. A. A. P., eran un «engaño» con el fin de traer a Canicosa de la Sierra mano de obra barata, sin límite de horas laborales y al margen de la ley.
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Un vez en la localidad burgalesa, «C. L. recogía y se quedaba con toda la documentación personal de los trabajadores que traían para así impedir que se fueran». Por su parte, «el otro acusado y dueño de una nave sita en la carretera de Navaleno alojaba en su interior a los nueve trabajadores rumanos, junto con aproximadamente otras 200 personas que no fueron identificadas, resultando inexistente la oferta laboral presentada».
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