Ultimátum al Ayuntamiento de Aranda para presentar los informes de la plaza de toros

A través de una providencia, el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Burgos, le recuerda al Consistorio de la capital ribereña que hay una sentencia firme desde hace casi un año, en concreto desde el 28 de abril de 2023, que establece la necesidad de ejecutar esos informes.

La jueza refleja que lo que procede es que se emitan estos informes y el informe de inspección final, «sin que el Ayuntamiento vuelva a poner más trabas a la realización» para poder determinar «si realmente procede otorgar o no procede otorgar» la licencia anulada por la sentencia que se trata de ejecutar. «Si establece esa necesidad es porque es imprescindible para determinar si realmente las obras ejecutadas se ajustan a las licencias de obras correspondientes, máximo ante la continua problemática surgida para la ejecución de la obra», refleja la providencia de la magistrada.

El pasado verano, los técnicos municipales realizaron una inspección al coso taurino para emitir los informes pertinentes. Pasados los meses, se ha finalizado el informe por parte del arquitecto municipal, pero está pendiente el que tiene que rubricar el jefe del Servicio de Extinción de Incendios. El cambio en la Jefatura y un periodo de ausencia por baja médica del anterior responsable, llevaron al Ayuntamiento arandino a plantearse la posibilidad de externalizar ese informe para que lo ejecutara una empresa privada.

Finalmente, hace unas semanas tomó posesión un nuevo jefe interino que, según fuentes municipales, será el encargado de realizar ese trabajo.

El Ayuntamiento tiene un plazo de cinco días desde la notación de la providencia para presentar un recurso de reposición ante el mismo órgano judicial.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de abril del pasado año tumbaba la estrategia del anterior gobierno municipal de dejar fuera de ordenación la plaza de toros, para poder utilizar las instalaciones después de que el juzgado anulara la licencia de apertura concedida en septiembre de 2014 por la exalcaldesa, Raquel González, y tres de sus entonces concejales. «Lo que se acredita es que el Ayuntamiento está adoptando todas las medidas que tiene a su alcance para conseguir que la obra no se ajuste a la legalidad urbanística», recogía la sentencia de hace un año.

Asimismo, el juzgado marcaba la hoja de ruta para proceder a la legalización, considerando «imprescindible» realizar una inspección final que determine si realmente las obras ejecutadas se ajustan a la licencia correspondiente. Si procede otorgar la licencia deberá concederse y si no procede deberán ajustarse las obras que se ejecuten a la licencia de obras concedida o deberá solicitarse una nueva». La sentencia iba más allá y especificaba que «en el caso de que no se ajusten a la normativa y no se puedan legalizar» se deberá proceder a «derribar estas obras».

La resolución hacía referencia también a la utilización del coso taurino de una forma «totalmente irregular» mediante autorizaciones provisionales actuación «totalmente contraria a la legalidad por parte del Ayuntamiento».

Un hecho que, según el juez, en ningún caso puede dar como resultado considerar que haya prescrito el plazo establecido para restaurar la legalidad urbanística. Además, insistía en que no se aprecia que el propietario del coso «tenga a día de hoy el derecho de impedir cualquier intento de demolición de los construido o la privación del derecho de uso de que está disfrutando, pues este uso se está realizando mediante acuerdos que la Justicia ha indicado que son contrarios a la legalidad urbanística».