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La Policía Nacional y los mediadores sociales de la comunidad gitana en Aranda han abierto un canal de comunicación para evitar que se repitan los conflictos surgidos recientemente en el edificio Orfeón Arandino, que acabaron con una carga policial, junto a la detención de cinco jóvenes ... por agredir y atentar contra los agentes.
Esa es la principal medida que se ha tomado tras la reunión mantenida entre los responsables de la Comisaría arandina y los portavoces del pueblo gitano, en la que también estuvieron presentes cargos de la Policía Local. La idea es mantener contactos y reuniones de cara al futuro para velar por el cumplimiento de la ley.
«Hemos escuchado sus demandas y quejas por la intervención que hubo en el Orfeón y hemos adoptado las medias que conjuntamente podemos adoptar para intentar que esto no vuelva a suceder», ha detallado el inspector jefe de la Policía Nacional, Joaquín Gomá. En este sentido, ha explicado que las quejas de la comunidad gitana se centran en que se vivió «un exceso de fuerza», ya que «había gente que no tenía nada que ver en el asunto».
En cualquier caso, Gomá recuerda que «hubo un problema de orden público y se cargó, y la presión del grupo fue una presión muy importante, las personas se fueron sumando». El responsable policial lamenta que haya «una evidente» desconexión generacional entre los adultos y los jóvenes dentro de la comunidad gitana. «Los valores y comportamientos que hemos recibido siempre del colectivo gitano adulto, no la vemos en los jóvenes que pierden los principios de autoridad, respeto a todo tipo de norma, actúan a su antojo. Si su actitud significa trasgredir las leyes debemos actuar y fue lo que ocurrió», desvela.
En esta línea, Gomá ha destacado que los mayores se han comprometido a «encarrilar» a los jóvenes, ya que, en caso contrario, «pierden ellos porque afecta a todo un colectivo que no tiene que verse afectado por conductas individuales y perdemos nosotros que tenemos que hacer un uso de la fuerza que no nos agrada».
Por su parte, los mediadores sociales, autodenominados «hombre de paz», Rafael Lizárraga y Moisés Borja, se comprometieron a mediar para evitar estas situaciones en el futuro. «En lo sucesivo estamos para mediar cuando surjan conductas poco cívicas. No hay necesidad de llegar a todo esto. No lo vemos oportuno. Se podía haber evitado con un encuentro previo», han lamentado.
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Afirman desconocer si en el tumulto vivido, un grupo de personas intentaron agredir a los agentes con piedras y palos. «No lo sabemos porque no estuvimos allí, cada cual tiene su versión de las cosas. Todo el mundo tiene errores», afirmaron. En esta línea, han recalcado que no «justifican» que los tres jóvenes no se identificaran y se mostraran agresivos, pero insisten en que «la Policía ha reconocido que posiblemente la actuación haya sido desproporcionada».
El gran despliegue policial puesto en marcha el pasado 3 de noviembre en el edificio Orfeón Arandino se saldó con cinco detenidos que pasaron a disposición judicial. Ese dispositivo, según fuentes policiales, fue consecuencia de los hechos sucedidos el jueves 27 de octubre cuando una patrulla que transitaba por las inmediaciones del edificio, detectó a tres sujetos consumiendo sustancias ilícita en el interior de un vehículo. Cuando los agentes pidieron a los ocupantes que salieran del coche y que se identificaran, se vieron arrinconados por los tres a los que se les unieron «40 personas con palos y piedras», apuntan desde la Comisaría.
Por ello, una semana después, hasta seis patrullas policiales se desplazaron hasta el edificio para proceder a la detención de los tres involucrados, desatándose en el interior del inmueble una situación similar a la vivida una semana antes. «Volvieron a unirse decenas de personas en contra de los agentes y se vivió un tumulto importante», describen fuentes policiales. Entre los cinco detenidos se encuentran los tres individuos que estaban consumiendo sustancias ilícitas y otros dos acusados de atentado contra la autoridad y agresión a los agentes.
Desde la Comisaría de Policía Nacional se considera que la situación del edificio Orfeón Arandino, un inmueble de la Junta calificado como «un gueto», es un problema que va más allá de la seguridad y que tiene evidentes tintes sociales.
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