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La plaza de toros de Aranda de Duero, propiedad de Victoriano del Río, no cuenta con licencia de apertura y la feria septembrina está en el aire a expensas de la tramitación de un nuevo permiso que se ajuste a derecho. El juzgado ha decretado ... la firmeza de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que tumbaba la legalidad del permiso concedido en septiembre de 2014. A tres meses de la celebración de las fiestas patronales en honor a la Virgen de las Viñas, el Ayuntamiento tendría que tramitar un nuevo permiso de apertura para poder reabrir esta instalación, que en las circunstancias actuales no se puede utilizar.
En cualquier caso, el primer paso para la tramitación se tendrá que llevar a cabo por parte de Victoriano del Río y su empresa Toros Ricor, quienes tendrán que presentar la documentación pertinente en la Concejalía de Urbanismo para iniciar el proceso. «De momento no tenemos constancia de que haya presentado nada», afirmó la alcaldesa, Raquel González, en el último pleno municipal. En el nuevo procedimiento, según constata la sentencia, se deberán cumplir los trámites administrativos obligatorios como la pertinente inspección urbanística que determine si se ajusta al proyecto y a la legalidad.
El pasado mes de marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anulaba la licencia de primera ocupación y apertura de la plaza de toros Ribera del Duero de Aranda al considerar que «no es conforme a derecho». El permiso de actividad al coso propiedad de Victoriano del Río, se otorgó el 8 de septiembre de 2014 por cuatro de los ocho miembros de la Junta de Gobierno Local. La sentencia recoge que solo se debería de haber procedió a la concesión del permiso de primera ocupación, «una vez determinadas las licencias de obras y las obras ejecutadas realmente», ya que «resulta evidente que existen unas modificaciones de las obras amparadas en las licencias iniciales».
En esta línea, el juzgado incide en que, además, el solicitante de la licencia aportó en octubre de 2014 un refundido final de obra, posterior a la concesión del permiso impugnado. Algo que, según la sala, «evidencia aún más que no podía haber obtenido la misma, sin determinarse previamente las obras ejecutadas, habiendo determinado e inspeccionado que las obras se habían ejecutado y, por lo tanto, si las mismas se adecuaban o no a las licencias».
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Susana Gutiérrez
La resolución considera que todo ese proceso obligatorio por normativa «ha sido omitido claramente», por lo que se considera es «nulo de pleno derecho». El TSJ estimaba, entonces, el recurso presentado por la Plataforma Ciudadana por la Plaza de Toros contra la licencia de apertura del coso. Recurso que había sido desestimado en primera instancia por el juzgado de lo contencioso administrativo.
La licencia de apertura de la plaza de toros de Aranda se aprobó en una Junta de Gobierno Local en septiembre de 2014, solo con la presencia de cuatro de los ocho miembros del órgano ejecutivo, pertenecientes todos al Partido Popular.
En este caso, votaron a favor la actual alcaldesa, Raquel González y el todavía responsable de la concejalía de Obras, Alfonso Sanz, junto a las ya exediles Azucena Esteban y María Ángeles Marín. No acudiendo a la cita los otros cuatro miembros, Ángel Calvo, Celia Bombín, Javier Rojas y Diego Velázquez.
La Plataforma Ciudadana por la plaza de toros consideró que el asunto no se ajustaba a la legalidad y presentó un recurso Contencioso Administrativo donde se argumentaba que se había aprobado sin haberse realizado la pertinente inspección urbanística.
Otros de los aspectos fundamentales esgrimidos en el recurso que ahora ha sido tomado en cuenta por parte del TSJ fueron los informes jurídicos municipales contrarios y la falta de documentación visada y certificada.
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