Los sindicatos con representación en el Ayuntamiento de Aranda consideran que el presupuesto municipal «es nulo de pleno derecho» debido a la falta de negociación de la plantilla de personal municipal con los representantes de los trabajadores. UGT, Comisiones Obreras y CSIF recuerdan que ... así queda constatado por ley y por la jurisprudencia que lo avala.
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«Esta grave situación dejaría al Ayuntamiento sin presupuestos para 2023 porque no se ha negociado ni informado a los representantes de los trabajadores, por lo cual se entienden que pueden ser nulos de pleno derecho y se procederá a su correspondiente denuncia», explican los tres sindicatos a través de una nota de prensa. De esta manera, confirman que recurrirán el presupuesto aprobado inicialmente en el pleno del 12 de mayo.
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Además, las fuerzas sindicales inciden en que el gobierno municipal ha realizado una «gestión insuficiente en materia de personal que ha dejado sin atender asuntos de vital importancia para el buen funcionamiento del Ayuntamiento». Creen que el estado del Consistorio es «deficiente» por la política de personal existente que genera una situación de «disfuncionamiento que llevamos muchos años denunciando y que no solo lo sufren los trabajadores sino el servicio que se presta a los ciudadanos» En cualquier caso, se muestran esperanzados de que «una vez constituido el próximo Ayuntamiento se proceda a la máxima urgencia a resolver esta situación».
UGT, Comisiones Obreras y CSI enumeran una serie de puntos que ilustran esta política de personal. Aluden a la falta de actualización de los convenios de funcionarios desde 2001 y de personal laboral desde 1996. También a los expedientes disciplinarios: «como ha ocurrido con el del compañero del Servicio de Extinción de Incendios, haciéndose efectiva la sanción a tres días de las elecciones». La paralización de los procesos de estabilización, el estancamiento de la Relación y Valoración de Puestos de Trabajo o el Plan de Igualdad para el personal del Consistorio «imprescindible para el correcto funcionamiento interno y condición excluyente para solicitar diferentes subvenciones», son otros de los ejemplos que esgrimen los representantes sociales a la hora de describir la política de personal.
Asimismo, critican que la publicación de bases específicas de procesos de selección «sin negociación previa con los representantes de los trabajadores para diferentes bolsas de personal funcionario y laboral, como las de Arquitecto y Técnico Administrativo para el ARU del Barrio Santa Catalina».
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