La Junta traslada a los 31 ancianos de la residencia de Adrada de Haza a otros centros de Burgos, Valladolid y al hospital

La residencia privada en la actualidad cuenta con 31 residentes a los que no se ha practicado prueba alguna de COVID-19, de los cuales 18, presentan fiebre o síntomas que pudieran ser compatibles con el coronavirus y 13, sin fiebre u otros síntomas aunque han estado en contacto con los anteriores. Desde el día en que se asumió la gestión del centro por parte de la Junta de Castilla y León, se procedió al aislamiento de los usuarios asintomáticos en una zona específica de la residencia. Por último, la mayor parte de la plantilla se encuentra de baja laboral por síntomas compatibles con el coronavirus. Asimismo, desde que la administración regional se hizo cargo de esta residencia privada, se han dado de baja dos personas más de la plantilla originaria y aunque se ha procedido a trasladar personal de otros centros, la atención a los mayores no puede garantizarse con estándares de calidad.

Sin embargo, no encuentran a trabajadores que se hagan cargo del centro y han decidido trasladar a los residentes a otros centros, algo que se producirá en las próximas horas.

Ante esta nueva sitaución y atendiendo a la propuesta de la dirección del centro de trasladar y reubicar a estas personas en otros centros para salvaguardar su integridad y garantizar su atención, se ha dictado resolución por parte de la Consejería de Sanidad para realojar a siete de los residentes en la residencia Virgen de las Viñas de Aranda de Duero; nueve personas en la residencia Cortes de Burgos; diez personas en la residencia Parquesol de Valladolid y tres personas en la residencia Puente de Hierro de Palencia. Todas las residencias son de titularidad de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León. Por último, dos residentes ingresarán en el hospital.

El principal criterio elegido para la distribución de los residentes en los centros es el de la proximidad y la disponibilidad de plazas, de manera que los traslados de los residentes sean los más cortos posibles.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Aranda de Duero ha abierto diligencias previas para investigar la existencia de posibles responsabilidades penales sobre la situación de la Residencia Valle del Cuco de Adrada de Haza. La decisión se ha tomado tras recibir la información de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta y a la espera de los informes de Fiscalía y los cuerpos policiales.

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades intervino el pasado miércoles la residencia tras comprobar que no tenía personal suficiente para atender a los usuarios. La intervención se realizó para evitar una posible situación de «desamparo» de los 48 usuarios, dentro de una situación de falta de personal que se viene arrastrando desde hace tiempo, tal como se ha podido saber.

Al frente del centro se encuentra ahora la directora del centro de día Arco Pajarito de Aranda, designada por el Gobierno autonómico. También entrará personal de refuerzo, según fuentes de la Consejería de Familia. Con una plantilla de 23 personas completamente diezmada por el coronavirus, en el centro permanecen 48 residentes, 15 de los cuales ayer estarían aislados y bajo sospecha de infección por el Covid-19, informa El Norte de Castilla.

Sin embargo, Comisiones Obreras ha denunciado que la Junta no ha reforzado la dotación de la residencia de ancianos de Adrada de Haza (Burgos), a pesar de anunciarlo ayer el vicepresidente, Francisco Igea, por lo que exigen «más hechos y menos palabras». «Siguen solas, sin apoyo ni ayuda y sin recibir ninguna instrucción por parte de ningún responsable de la Junta de Castilla y León. Están sacrificándose por sus ancianos sin el respaldo de la administración regional«, han avisado.

«No es momento únicamente de hacerse fotos o realizar declaraciones grandilocuentes a la prensa, sino de tomar medidas reales y efectivas y que se haga cargo ya de la situación en dicha residencia, dotándola de medios y efectivos y no dejando desamparados a los ancianos y a las trabajadoras», han sentenciado en un comunicado.