Una persona de la provincia de Burgos está siendo investigada por la Guardia Civil. Supuestamente, habría retirado unas planchas de fibrocemento o uralita y, al gestionar su desecho, habría expedido una factura falsa.
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Paralelamente, durante la investigación, la Guardia Civil ha confeccionado cuatro actas denuncia por carecer de la documentación y autorizaciones necesarias para acometer los trabajos de retirada, incumpliendo con ello la normativa de seguridad y salud aplicable a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, y también la medioambiental relativa a la gestión de los residuos generados.
Los hechos se remontan al año 2024 cuando, la comandancia de Burgos, detectaba una proliferación de vertidos con acúmulo de planchas de fibrocemento en puntos repartidos por distintos parajes de la provincia.
El SEPRONA de la Guardia Civil inició entonces una campaña de control de residuos peligrosos para tratar de erradicar estas prácticas prohibidas de abandono de este material en parajes abiertos. Para ello, intensificó el control de obras susceptibles de retirada de estas cubiertas de uralita, con la finalidad de garantizar su correcta gestión y evitar el vertido incontrolado de las mismas.
En una de estas acciones de verificación, llevada a cabo por el SEPRONA durante el pasado verano en La Ribera del Duero burgalesa, se inspeccionó una obra en la que se había retirado un tejado de uralita.
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Al requerir a la empresa contratada la documentación necesaria para realizar esos trabajos y la correcta gestión de los residuos –ya que una vez desmontadas del tejado las planchas se consideran residuos-, no pudieron mostrarla. La empresa carecía de las autorizaciones necesarias y los documentos acreditativos de la correcta gestión de las placas de fibrocemento. No obstante, señalaron a una segunda empresa a la que la habían encargado dicha gestión.
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Pero las pesquisas practicadas por el SEPRONA, dirigidas hacia el control de la trazabilidad de esos residuos peligrosos -a fin de conocer su situación y poder verificar su correcta gestión-, arrojaron que dicho material no había sido entregado en centro autorizado alguno para su tratamiento, aunque por parte de dicha empresa se emitió una factura en concepto de gestión, que resultó ser falsa, ya que realmente nunca la realizó, por lo que su responsable ha sido investigado como presunto autor de un delito de falsedad documental.
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Paralelamente, en el marco de las investigaciones llevadas a cabo por el SEPRONA y que ha contado con la colaboración del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Burgos, se han detectado diversas irregularidades constitutivas de infracción por parte sendas empresas implicadas. Por este motivo, se han confeccionado cuatro actas denuncia por incumplimientos a la normativa de seguridad y salud aplicable a los trabajos con riesgo de exposición al amianto y a normativas medioambientales relativas a la gestión de los residuos generados.
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