Los empresarios de Aranda recurren el confinamiento y la Junta defiende su uso

«Una medida desmesurada que implicó una bajada de la incidencia acumulada espectacular», ha aseverado Igea durante su comparecencia después del Consejo de Gobierno celebrado hoy.

El portavoz ha reiterado que la Justicia siempre es una «garantía para todos» y que entiende que, al igual que los empresarios defienden sus «intereses legítimos», la Junta defiende los suyos, que son «la vida», «la salud» y «la economía» de todos los ciudadanos, «también los de Aranda».

«Admitimos las críticas, es nuestra labor, y entiendo que la gente esté molesta pero tengo en la cabeza y no se me olvida los 4.000 muertos que ha habido en esta comunidad. Puede que a alguien se le haya olvidado a nosotros no», ha concluido.

La Asociación de Empresarios de Aranda y la Ribera (Asemar) ha presentado ante la Consejería de Sanidad un recurso de reposición contra la orden que el pasado 7 de agosto decretó el confinamiento de Aranda de Duero por entender que vulneró derechos fundamentales de las personas, mientras que la Junta ha defendido los resultados sanitarios positivos que conllevó dicha medida.

En el escrito, al que ha tenido acceso Efe, el empresariado ribereño exige que se declaren nulas y se dejen sin efecto las medidas recogidas en los puntos 1, 2 y 3 de dicha orden que, básicamente, restringía la libre entrada y salida de personas de Aranda, la circulación por carretera y viales de su término municipal y los desplazamientos y actividades no imprescindibles.

Con la presentación de este recurso, la patronal arandina abre la puerta, y así lo advierte en el documento, a acudir a la vía judicial y a la interposición de un recurso Contencioso Administrativo ante la jurisdicción pertinente para proteger derechos fundamentales recogidos en la Constitución que, a su juicio, han sido vulnerados.

Asemar ha sostenido que la Consejería de Sanidad no es competente para establecer medidas como el confinamiento de toda una población, ya que esta afecta a los derechos de libertad y libre circulación de los ciudadanos y es potestad exclusiva del Gobierno de la Nación y previa declaración de estados de alarma, excepción y sitio, lo que no ha ocurrido.

Asimismo, especifica que estas medidas, de adoptarse, deben realizarse de forma individualizada y previa audiencia de los interesados, por lo que no se contempla el confinamiento de toda una localidad.

Además, la asociación ha reprochado a la administración autonómica que el confinamiento se ha decretado sin haberse implementado o acordado ninguna medida que pudiera mitigar las «nefastas consecuencias derivadas de una decisión de tanta gravedad, como pudieran ser las acordadas en su día por el Ejecutivo central cuando declaró el estado de alarma«.

Por todo ello, Asemar ha urgido a que se declaren nulas y se dejen sin efecto las medidas acordadas por esta orden. El recurso está firmado por el vicepresidente de la Asociación de Empresarios, Roberto Rojo, que está ejerciendo como presidente desde que hace casi un año dimitiera su presidenta.

Rojo, en declaraciones a la Efe, ha reconocido que con la presentación de este recurso intentan invalidar la decisión de la Junta para, a continuación, pedir compensaciones económicas por las numerosas pérdidas provocadas por el confinamiento.

Independientemente del resultado de este recurso administrativo, Rojo ha indicado que se recurrirá a los tribunales para intentar, en la medida de lo posible, «compensar lo vivido».

«El problema es que el daño ya está hecho. Aranda fue un laboratorio de experimentación y no se han medido las consecuencias de lo impuesto. Cuando se han dado cuenta ya fue tarde», ha subrayado el vicepresidente de esta patronal.