La empresa Ecoaranda defiende que su cierre fue «ilegal» y denuncia por prevaricación a los agentes medioambientales

A través de una nota de prensa, explican que el pasado verano la empresa sufrió un cierre o medida cautelar adoptada, entre otros, por un agente medioambiental propietario de una vivienda ilegal en terreno rústico situada a escasos metros de la ubicación de empresa y al que «parece que le molesta la actividad que se realiza en nuestra empresa».

La ilegalidad de la resolución adoptada por el vecino y agente medioambiental, según Ecoaranda, fue reconocida por un informe de la Letrada de la Asesoría Territorial de Burgos de la Junta de Castilla y León, lo que provocó la anulación de la misma por el Delegado Territorial de la Junta. Por ello, la empresa anuncia que interpuso una querella por prevaricación contra los agentes que firmaron el acta de inspección y que actualmente se encuentra en fase de instrucción.

En cualquier caso, la empresa defiende estar «muy concienciada con el medio ambiente, prestando servicio de gestión de residuos, y comprometida con la calidad en la prestación de sus servicios». En este sentido, inciden en que han realizado varias mejoras voluntarias a lo largo del tiempo, con su correspondiente coste económico, pero compensado con una idea «la de hacer las cosas bien, y cada día mejorar».

Entre las mejoras, enumeran que se ha plantado más de 200 árboles en el último año a lo largo de todo su perímetro interior, con la intención de la mejora estética y disminuir cualquier posible afección externa. «Todo el compost se produce con materiales orgánicos, no se gestionan ni residuos peligrosos, ni contaminantes, sólo restos de poda, raspón, paja, lodos (entre los que están los de fosas séptica, y similares de carácter no peligroso», presiguen. Alas medidas añaden que todo su proceso productivo se realiza en soleras de hormigón, con más de 20 cm de grosor.

A pesar de ello, la denuncias prosiguen y la empresa mantiene que el ataque «llega por vecinos que han construido viviendas ilegales en suelo rústico, y que desean disfrutar de sus fincas rústicas como si fuesen urbanas, es decir, sin granjas o actividades de gestión de residuos a su alrededor». En esta línea, mandan un mensaje a los denunciantes recordando que «si alguien quiere tener un chalet con piscina con los derechos de suelo urbano y sin oler a gallinaza, estiércol, etc… no es en la Carretera La Aguilera donde debe comprar el terreno, debe hacerlo en los suelos destinados a viviendas, es decir, en suelo urbano».