CSIF acusa a la alcaldesa de Aranda de «amedrentar» y «acallar» a trabajadores municipales

El sindicato, a través de una nota de prensa, muestra su apoyo «absoluto» a la labor de su delegado, calificando como «totalmente desmedida y desproporcionada» la actuación municipal. Consideran que el único objetivo del expediente es «amedrentar y acallar la voz de los empleados públicos municipales que llevan años pidiendo a la señora alcaldesa que se siente a negociar una nueva Relación de Puestos de Trabajo que refleje la realidad de la plantilla municipal y de las funciones desarrollada por los distintos colectivos profesionales municipales».

CSIF cree que la forma en la que se está tramitando el expediente disciplinario evidencia que el ayuntamiento «lo está utilizando como medio para eliminar de la escena municipal a nuestro delegado sindical, que únicamente actúa como portavoz de sus compañeros con la consecuente y grave vulneración del derecho de libertad sindical».

En este sentido, el colectivo sindical exige a la primera edil arandina «que ponga fin al clima de acoso al que se ven sometidos los trabajadores». A mayores, reivindica un proceso «serio y con garantías legales» de negociación con los representantes de los Empleados Públicos Municipales que «ponga fin de una vez por todas a las continuas denuncias que llegan de la situación laboral que viven muchos trabajadores».

El gobierno municipal ha instruido un expediente por dos faltas graves a la cabeza visible de las reivindicaciones de los bomberos, que llevan más de dos años denunciando la falta de seguridad en la Ribera del Duero por la ausencia de retén de guardia. De esta manera, se le imputan faltas por «obstaculización» de ejercicio de las funciones a un compañero y «desconsideración» a los superiores, en un expediente instruido por el jefe de Personal.

Un expediente que se podría traducir en hasta 12 años de suspensión de las funciones de este trabajador municipal. El pliego de cargas se firmó el pasado 10 de febrero por el jefe de Personal del Consistorio, y prevé un plazo de diez días para presentar alegaciones. Recursos que ya se han presentado en contra de esa resolución.