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Las familias de los alumnos del colegio de Sotillo de la Ribera han comenzado una recogida de firmas, tras la negativa de la Dirección Provincial de Burgos de implantar el servicio de comedor en el centro educativo. «Solo unos meses después de haber estado a ... punto de perder nuestra Unidad Territorial Adscrita a los municipios de Pinillos de Esgueva, Terradillos de Esgueva y Cabañes de Esgueva del colegio, ahora nos vemos nuevamente en la necesidad de movilizarnos para poder defender los derechos de nuestros hijos e hijas, que se ven discriminados por la Administración, por el mero hecho de vivir en un pueblo», lamentan las familias a través de una nota de prensa.
En esa línea, explican que, por tercer año consecutivo, se ha procedido a la solicitud del servicio de comedor escolar a la Dirección Provincial de Educación de Burgos, por parte del Consejo Escolar de este centro. En 2020 se perdió la solicitud sin poder optar de ningún modo a una respuesta, mientras que en los dos siguientes cursos escolares la respuesta ha sido negativa. «Una vez vistos los antecedentes, fundamentos y resolución, se ha procedido al envío de un escrito explicando nuestra disconformidad a la Dirección Provincial, a la Consejería de Educación y hemos presentado una queja al Procurador del Común, con la correspondiente recogida de firmas para la adhesión a la queja, que se llevará a cabo en los próximos días», detallan.
Las familias destacan que el centro de Sotillo siempre se ha situado a la cabeza en innovación al ofrecer unos servicios educativos «a la última y mantener el alumnado en tan difícil medio como es el rural, dada la preocupante despoblación que afecta a los pueblos de Castilla». Al respecto, consideran «prioritario» si se quieren mantener los pueblos vivos, poder ofrecer unos servicios públicos tan importantes e imprescindibles como son la Educación y la Sanidad.
En la actualidad, el Ayuntamiento de Sotillo de la Ribera tiene en marcha el servicio de comedor escolar para ayudar a las familias en la conciliación familiar «Mientras que en el resto de los centros públicos con condiciones similares el servicio se presenta por parte la Junta de Castilla y León, lo que es un el agravio comparativo», explican.
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