Aranda de Duero no tendrá feria taurina en sus fiestas patronales

«En este momento , procedo a dar traslado al correspondiente departamento para que inicie las acciones que en derecho procedan por el incumplimiento de la obligación de celebración de la Feria Taurina de las Fiestas Patronales de Aranda de Duero 2022. Se les adjunta el documento recibido de la Junta de Castilla y León», explica González.

Con esta información se zanjan los rumores y el vaivén de informaciones cruzadas que han alimentado, un verano más, la polémica en torno a los toros en la capital ribereña. Este año, además, planeaba la sentencia que declaraba nula la licencia de apertura de la plaza de toros concedida por el Ayuntamiento. Por el contrario y pese a la sentencia, un informe del propio Consistorio firmado por la secretaria municipal, abría la posibilidad de que pudiera celebrarse el evento. Con todos estos ingredientes sobre la mesa, muchos afirmaban que los carteles para los festejos taurinos ya estaban incluso impresos.

Sin embargo, al estar fuera de plazo, la Junta de Castilla y León ha cerrado cualquier posibilidad de celebración de la feria taurina en Aranda de Duero en estas fiestas patronales.

El pasado mes de marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anulaba la licencia de primera ocupación y apertura de la plaza de toros Ribera del Duero de Aranda al considerar que «no es conforme a derecho». El permiso de actividad al coso propiedad de Victoriano del Río, se otorgó el 8 de septiembre de 2014 por cuatro de los ocho miembros de la Junta de Gobierno Local. La sentencia recoge que solo se debería de haber procedió a la concesión del permiso de primera ocupación, «una vez determinadas las licencias de obras y las obras ejecutadas realmente», ya que «resulta evidente que existen unas modificaciones de las obras amparadas en las licencias iniciales».

En esta línea, el juzgado incide en que, además, el solicitante de la licencia aportó en octubre de 2014 un refundido final de obra, posterior a la concesión del permiso impugnado. Algo que, según la sala, «evidencia aún más que no podía haber obtenido la misma, sin determinarse previamente las obras ejecutadas, habiendo determinado e inspeccionado que las obras se habían ejecutado y, por lo tanto, si las mismas se adecuaban o no a las licencias».

La licencia de apertura de la plaza de toros de Aranda se aprobó en una Junta de Gobierno Local en septiembre de 2014, solo con la presencia de cuatro de los ocho miembros del órgano ejecutivo, pertenecientes todos al Partido Popular.

En este caso, votaron a favor la actual alcaldesa, Raquel González y el todavía responsable de la concejalía de Obras, Alfonso Sanz, junto a las ya exediles Azucena Esteban y María Ángeles Marín. No acudiendo a la cita los otros cuatro miembros, Ángel Calvo, Celia Bombín, Javier Rojas y Diego Velázquez.

La Plataforma Ciudadana por la plaza de toros consideró que el asunto no se ajustaba a la legalidad y presentó un recurso Contencioso Administrativo donde se argumentaba que se había aprobado sin haberse realizado la pertinente inspección urbanística.

Otros de los aspectos fundamentales esgrimidos en el recurso que ahora ha sido tomado en cuenta por parte del TSJ fueron los informes jurídicos municipales contrarios y la falta de documentación visada y certificada.