La reactivación de los procesos para las macrogranjas saca a los burgaleses a la calle

Decenas de burgaleses se han concentrado este domingo 23 de mayo frente a la Diputación de Burgos para exigir a la Junta de Castilla y León que apruebe una moratoria a los proyectos de ganadería industrial, debido a las quejas y problemas surgidos por la instalación de macrogranjas porcinas.

Esta concentración se ha realizado de manera conjunta con otras ciudades de Castilla y León y del resto de España, como Palencia, Toledo, Soria, y la coordinadora estatal Stop Ganadería Industrial.

En Burgos se reclama y exige al Gobierno de la Junta de Castilla y León que apruebe una moratoria para frenar las licencias de nueva instalación de estas macrogranjas y las ampliaciones. Además, se pide que se trabaje en un plan estratégico que «evalúe los efectos no solo medioambientales, sino económicos y demográficos y que mida los animales que caben por territorio teniendo en cuenta el consumo de agua y la producción de purines», según apuntan los convocantes.

Se pide también a la Diputación de Burgos un paso similar al dado por la Diputación de Palencia. Esta última institución ha aprobado una moción instando al Gobierno regional a frenar estos proyectos. «Nuestra Diputación aún no se ha pronunciado. Son numerosos los Ayuntamientos que, viendo la pasividad del Gobierno regional, han decidido blindar sus municipios con normativa urbanística y de vertido de purines», añaden.

En octubre de 2020, por ejemplo, la localidad de Llano de Burebaprohibió a través de una ordenanza municipal arrojar restos industriales ganaderos a lo largo de una franja de 1.000 metros de anchura alrededor de los límites externos del suelo urbano. Esta ordenanza tenía por objetivo regular el almacenamiento, transporte, vertido y distribución en las fincas rústicas y sus núcleos de estos residuos. La ordenanza surgió por el miedo a que se autorizase una macrogranja porcina en el pueblo y sus vertidos pudiesen afectar al agua que beben.

David Martínez, portavoz de Granja No y concejal de Llano de Bureba, ha explicado este domingo en esta concentración que, la reactivación de la administración después de los peores momentos de la covid-19, ha abierto la publicación y recepción de solicitudes de impacto ambiental en la Junta. Por ejemplo, después de dos años parada, la Junta ha aprobado la declaración de impacto ambiental para la macrogranja porcina de Llano de Bureba.

«Queremos pedir moratoria a la Junta tanto en la concesión de licencias como en las licencias de ampliación de estas. Se abre una macrogranja con 2.000 cabezas, se piden ampliaciones y acaba con el doble», señala Martínez.

También exigimos a la Junta un «estudio serio y definitivo de la legislación. Que se estudien las problemáticas que surgen donde están esas granjas y que se aprenda de otros países de Europa donde se están cerrando y reconvirtiendo esas macrogranjas. Se están poniendo moratorias y limitando el número de estas instalaciones».

«La prueba más fidedigna es el número de acuíferos que se están contaminando con nitratos. Está aumentando. Aumenta por los abonos químicos de las tierras y se suman los purines. Hay muchas localidades que están sin agua. En nuestra zona no lo veíamos pero en Hermosilla, Llano de Bureba, Solduengo estamos viendo carteles de 'agua no potable' y tienen que beber agua que les llevan con garrafas», asegura Martínez.

No niega Martínez que se necesitan granjas y cerdos pero lo que busca esta plataforma es un modelo en el que los daños no sean superiores a los beneficios, algo que sucede actualmente. «El beneficio con estas macrogranjas va para tres. El promotor y el constructor, apenas se queda en beneficios en impuestos para el pueblo. Tengo estudios de pueblos en los que desde 2010 se han instalado macrogranjas y no ha repercutido favorablemente en el empleo o en la instalación de familias», añade Martínez.

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