Los pueblos del entorno de Garoña recibirán dinero de Enresa hasta que no queden residuos

Son 14 los municipios (12 de Burgos y dos de Álava) los que están afectados y también forman parte de la Asociación de Municipios Afectados por Centrales Nucleares (AMAC). Se encuentran un radio de diez kilómetros alrededor de la planta de Garoña. Son Bozoo, Cascajares de Bureba, Encío, Frías Jurisdicción de San Zadornil, Merindad de Cuesta Urria, Miraveche, Oña, Pancorbo, Partido de la Sierra en Tobalina, Santa Gadea del Cid y Valle de Tobalina; más las alavesas Valdegobía y Lantarón.

El alcalde de Cascajares de Bureba, Roberto Cornejo, ha explicado que mientras «existan residuos» Enresa «va a seguir aportando fondos» a los municipios. Esto quiere decir que aún quedan muchos años de aportaciones a los pueblos de la provincia que se encuentran en ese radio de acción.

Pero además, el desmantelamiento de la central de Garoña, autorizado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, puede suponer también un importante incentivo económico y la laboral para los pueblos de los alrededores.

La realidad de estos municipios es que, mientras existan residuos radiactivos, se encuentran en riesgo. Las cantidades que reciben de la empresa pública no los consideran como «una compensación» por el riesgo, ha aclarado Cornejo. Sin embargo, la exposición al peligro nuclear es latente en el entorno.

El problema de los residuos nucleares no se ha resuelto. Cornejo ha recordado que se «intentó crear un Almacén Temporal Centralizado en Villar de Cañas» que finalmente fracasó. Por lo que los residuos de Garoña «están dentro de la piscina de la central».

Lo cierto es que está en marcha el séptimo Plan General de Residuos Radiactivos que contempla la construcción de un Almacén Geológico Profundo (AGP). Desde la AMAC entienden y en palabras de su presidente, Juan Pedro Sánchez Yebra, «es la única estrategia válida, que respeta todos los principios validados en los escenarios internacionales».

Los planes de AMAC con la provincia de Burgos quedaron rubricados en marzo de este año con una ayuda de seis millones de euros en Valle de Tobalina, Partido de la Sierra en Tobalina, Frías, Pancorbo, Santa Gadea del Cid, Encío, Cascajares de Bureba y Lantarón.

Todo el entorno de la central, que se circunscribe más allá de los diez kilómetros de las localidades anteriormente citadas y está formado por otros 17 municipios, recibe también una ayuda del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), a través del Instituto para la Transición Justa. Desde el año 2020 ha destinado 7,5 millones de euros que han financiado doce proyectos en estos ayuntamientos, con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Se trata de proyectos de recuperación ambiental, gestión de los montes y sus productos, rehabilitación de edificios y otros de carácter social y sanitarios. Dentro de estos planes Pse van a tramitar líneas de ayuda a empresas y pequeños proyectos, previa presentación de los respectivos proyectos.

Posteriormente, en el mes de mayo de 2021, el Ministerio, con la Junta de Castilla y León -para los municipios de Burgos- y con el Gobierno vasco -para Álava- se comprometieron a elaborar un convenio de transición justa, por el cierre de la planta nuclear.

AMAC nació en 1988 como garante de la seguridad de los vecinos de los municipios situados en áreas nucleares. partiendo de esta idea, se han perseguido dos objetivos específicos, la seguridad y el desarrollo económico.

'La Atómica' del Valle de Tobalina, en el momento de su cierre, era la más antigua de España. Fue inauguradas en 1971 y tenía una potencia instalada de 466 megawatios. Centrales Nucleares del Norte (Nuclenor), propietaria de la planta, desconectó la central de la red en diciembre de 2012.

La empresa, participada por Iberdrola y Endesa, decidió no seguir explotándola. Sin embargo, presentó una solicitud de renovación al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en mayo de 2014, a pesar de que la central llevaba ya más de un año y medio sin actividad y con la plantilla desmantelada por expedientes de regulación de empleo y prejubilaciones.

El Gobierno, a través del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital denegó su solicitud en el mes de agosto de 2017.