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La procuradora socialista por Burgos Virginia Jiménez ha tildado de «vergüenza» el abandono al que la Junta de Castilla y León ha sometido a la carretera comarcal BU-825 durante más de una década, a pesar de que es «el principal eje vertebrador de la Demanda y Pinares y vía de comunicación con La Rioja».
«La Junta tiene que actuar con celeridad y no se puede tomar el pelo como se ha estado haciendo a los alcaldes durante años, dándoles falsas esperanzas y diciéndoles que esta obra se iba a acometer», ha insistido en su defensa en la Comisión de Movilidad de las Cortes de Castilla y León de una proposición no de ley para la adecuación de esta vía, que va desde Salas de los Infantes hasta el límite de la provincia con La Rioja.
En su exposición, ha recordado que los perjudicados por esta inacción del Gobierno autonómico «son los vecinos, son las ambulancias, son los escolares, es el turismo; en definitiva, todo lo que supone el desarrollo socioeconómico de la zona» y ha lamentado el voto en contra de la iniciativa por parte del PP y Vox.
Jiménez recibe «con sorpresa» el rechazo a la propuesta socialista, puesto que la Junta de Castilla y León ha anunciado el inicio inminente de las obras de pavimentación de la carretera entre los puntos kilométricos 14.2 y 28.3, con una inversión de 1,8 millones y la próxima redacción de un proyecto de seguridad vial con cargo a los presupuestos de 2024, por un 1,4 millones. Por eso, se ha negado a retirarla, como le ha propuesto el Partido Popular, ya que, como ha recordado, el anterior consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ya incumplió el compromiso que adquirió de actuar en esta carretera en febrero de 2021, cuando el PSOE defendió una iniciativa similar en las Cortes autonómicas.
«Han tenido que pasar muchos días e incluso años para que el anuncio sea una realidad y todavía está por ver», ha advertido la socialista, para subrayar que la promesa de intervención de la consejera de Movilidad, María González, a los alcaldes afectados por el pésimo estado de esta carretera llegó dos semanas después de que el PSOE registrara en las Cortes de Castilla y León la iniciativa que hoy han tumbado el PP y Vox.
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