Polémicas sanitarias

Lo cierto es que, en esos momentos, la cuarta ola de la pandemia seguía arreciando sobre la provincia, con un flujo constante de nuevos contagios, hospitalizaciones y fallecimientos. De hecho, tras la celebración de la Semana Santa, el incremento de la incidencia acumulada motivó la aplicación de nuevas restricciones, fundamentalmente en la hostelería, los centros comerciales y los gimnasios de buena parte de los grandes núcleos urbanos de la provincia. Burgos, Miranda, Medina de Pomar, Lerma y Alfoz de Quintanadueñas tuvieron que afrontar de nuevo esa situación, que afectó únicamente a los municipios con tasas superiores a los 150 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos catorce días.

En aquel momento, buena parte de las esperanzas estaban ya depositadas en las vacunas, cuyas remesas seguían llegando con asiduidad, permitiendo a Sanidad dar un paso al frente y desarrollar jornadas de vacunación masiva a la población de mayor riesgo. Las convocatorias en el Coliseum comenzaron a ser un hábito y miles de personas acudían casi cada día a recibir los pinchazos.

Y eso a pesar de la polémica suscitada en torno a la fórmula de AstraZeneca, cuya administración fue suspendida cautelarmente por la Junta de Castilla y León a la espera de conseguir mayores garantías de seguridad por parte del Ministerio. Una vez ratificada que la vacuna era segura, Sanidad retomó su distribución, pero aquella decisión generó dudas y retrasos en la campaña de vacunación.

En todo caso, el ámbito sanitario fue sin duda el gran protagonista del mes de abril, y no sólo por la vacunación. Con apenas unas semanas de diferencia, la Fiscalía decidió archivar las diligencias abiertas por los fallecimientos de las burgalesas Lidia González, Lidia Bayona y Sonia Sainz-Maza. Todas ellas perdieron la vida durante los momentos más duros de la pandemia por otras dolencias sin que, a juicio de sus familiares, recibieran la atención médica adecuada.

Una atención que también exigían las familias de los pacientes del servicio de Pediatría del Hospital de Burgos (HUBU) después de que se anunciara la marcha del único neuropediatra que en esos momentos estaba prestando servicio. Inicialmente, la gerencia del Hospital consiguió que el neuropediatra siguiera trabajando tres días a la semana en Burgos, compaginando así su trabajo en un centro de salud de Soria. Sin embargo, el volumen de pacientes del servicio era tan elevado que los responsables del hospital decidieron contratar a otro neuropediatra que reforzara el área.

La polémica también estaba servida en otros ámbitos al margen de la Sanidad. Quizá, el ejemplo más paradigmático sea el del proyecto de colocación de nuevas puertas en la fachada de Santa María de la Catedral. Un proyecto auspiciado por la Fundación VIII Centenario y encargado al reconocido artista Antonio López que llevaba ya muchas semanas generando todo tipo de comentarios, muestras de adhesión y rechazo.

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La situación había llegado a tal punto que, en el mes de abril, el embajador permanente en España de la Unesco, Juan Andrés Perelló, confirmó que, si se colocaban las nuevas puertas en la Seo burgalesa, ésta perdería inmediatamente su reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad. Las puertas, de momento, no se han colocado.

Tanta polémica como las puertas de la Catedral ha generado la proliferación de proyectos de parques eólicos en la comarca de Las Merindades. De hecho, tras numerosas muestras de rechazo a dichos proyectos por parte de diferentes colectivos, un nutrido grupo de ayuntamientos, juntas vecinales y organizaciones promovieron en abril la creación de sendas plataformas para pelear contra la instalación de nuevos parques eólicos en la comarca.

Y, en el apartado político, la actualidad vino de la mano de la presentación por parte del PSOE y Ciudadanos de una moción de censura en Tórtoles de Esgueva que, al contrario de lo sucedido semanas atrás en las Cortes de Castilla y León, sí prosperó. La moción, que levantó mucho revuelo en la localidad y en la que uno de los concejales socialistas se saltó la disciplina de voto y se abstuvo, acabó con el nombramiento de Fernando Delgado (Cs) como nuevo alcalde en sustitución de María Pilar Alejos, del Partido Castellano.

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Mucho mayor entendimiento evidenciaron los máximos responsables de las diputaciones de Burgos y Álava, César Rico y Ramiro González, respectivamente. Y es que, tras décadas de desencuentros en torno a la pertenencia territorial del enclave de Treviño, Rico y González firmaron en Vitoria los convenios de colaboración para la prestación de 14 servicios públicos en el enclave y otras zonas limítrofes entre las dos provincias. Unos convenios que se plantearon como una extensión de los firmados por primera vez en 2017 y cuyo horizonte de aplicación se extenderá hasta 2025.

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En el plano político, abril también dejó un capítulo trágico a orillas del Arlanzón. Y es que, el día 11 fallecía a los 63 años de edad la exconcejala del Ayuntamiento de Burgos Dolores Calleja, que ostentó la delegación de Licencias entre 2007 y 2015 de la mano de Juan Carlos Aparicio primero y Javier Lacalle después.

Apenas unos días después, el Pleno del Ayuntamiento de Burgos aprobaba la modificación de la polémica Ordenanza de Movilidad, que apenas llevaba un año vigente. Con dicha modificación, el equipo de Gobierno pretendía subsanar algunas de las deficiencias detectadas durante los primeros meses de aplicación, ampliando las áreas de tráfico restringido (calles peatonales) y levantando las limitaciones de circulación a 30 km/h en varias vías urbanas, como el Bulevar, la Avenida de Palencia, la calle Villadiego o los accesos a Cortes y Villatoro, que recuperaron la limitación a 50 km/h.

También CC OO vivió un punto de inflexión en el mes de abril. Y es que, tras cuatro años en el cargo, Ángel Citores abandonaba la Secretaría General del sindicato en Burgos, dando el relevo a Juan Núñez. Quien sí continúa en el cargo es Pablo Dionisio Fraile, que apenas unas semanas antes fue reelegido secretario general de UGT, el otro sindicato mayoritario de la provincia.

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El capítulo de sucesos, por su parte, estuvo protagonizado por las numerosas sanciones interpuestas por las fuerzas de seguridad ante incumplimientos de las restricciones derivadas de la crisis sanitaria. Algunas, de hecho, muy llamativas. Ese fue el caso de una intervención realizada el día 18 por la Policía Nacional en el marco de un control perimetral en Miranda de Ebro. Los agentes, que se habían desplegado en la AP-1, interceptaron un vehículo cargado con 16 kilos de hachís, cuyo conductor fue detenido en el acto.

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En abril también fueron detenidos, entre otros muchos, un varón como supuesto autor de una agresión sexual en Aranda de Duero y un joven de 20 años de edad que fue identificado tras robar 1.380 ansiolíticos en una farmacia de Las Merindades.

Y mientras sucedía todo eso, los principales referentes deportivos de la capital continuaban su camino hacia el éxito. El Burgos CF cerraba la temporada regular como un tiro y se encaminaba a lo que semanas después se convertiría en el ansiado ascenso a Segunda División, el Hereda San Pablo enfilaba hacia su segunda Basketball Champions League consecutiva y el UBU Bajo Cero cimentaba la que sería su primera final de Copa del Rey. Y, en Sheffield (Inglaterra), una casi desconocida Marta Fernández sacaba el billete directo para los Juegos Paralímpicos de Tokio, de los que regresaría meses después habiéndose convertido en un referente del deporte burgalés