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«Si el Partido Popular hubiera querido, habría podido licitar una nueva concesión, pero no lo hizo», y ahora el Gobierno del PSOE ha tenido que «dar carpetazo formal a un proyecto que el PP dejó morir». Así explica Esther Peña, diputada nacional ... y secretaria general del PSOE en Burgos, la situación tras el anuncio de desmantelamiento del campo petrolífero de La Lora, que lleva veintiún meses en suspenso.
En nota de prensa, la socialista le pide al Partido Popular que abondone la «hipocresía» pues ellos son los responsables de la situación actual. El cese de actividad, cuando Energía no autorizó la prórroga de diez años de explotación solicitada por la empresa, y el despido de los trabajadores se produjeron mientras gobernaba el Partido Popular, ha apuntado Peña.
En enero de 2017 se paró la actividad en los pozos petrolíferos y, en marzo de 2018, se firmó el expediente de extinción de empleo para los 19 profesionales que allí trabajaban. «La planta acumulaba más de un año paralizada, en vigilancia ambiental, como estableció el Ejecutivo de Mariano Rajoy», ha insistido. Y, mientras, el Partido Popular generaba «falsas expectativas» sobre una nueva concesión de explotación.
«Todos los pasos del PP iban encaminados a no renovar», afirma la diputada nacional, quien asegura que el Gobierno de Rajoy «les dejó prácticamente dos años en precario, obligados a mantener y vigilar la antigua explotación sin actividad, con los gastos que conlleva«. Así, »aunque el PP hace gala de defender a los empresasrios, los ha dejado tirados« y al PSOE no le ha quedado otra que »dar el carpetazo formal a un proyecto que el PP dejó morir«.
Una decisión que no debería de haber extrañado a la empresa que venía explotando el yacimiento hasta enero de 2017. Así lo apuntaban ayer fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla y León, que recordaban que el Ejecutivo de Pedro Sánchez «no apuesta por los combustibles fósiles» en cumplimiento de los compromisos adquiridos con la Unión Europea.
También la Delegación insistía en que la decisión tomada por el actual Gobierno «certifica» una situación prevista por el PP, que no renovó la concesión en su momento y ha tenido parada la explotación durante año y medio.
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