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La secretaria general del PSOE de Burgos y diputada nacional, Esther Peña, acusa a Ciudadanos de «vender la sanidad pública de la provincia y de la Comunidad a cambio de cuatro sillones en Valladolid».
De esta forma, ha criticado el acuerdo ... de gobernabilidad de 100 medidas que han sellado esta mañana el PP y Ciudadanos en Castilla y León para esta nueva legislatura. Entre ellas figura el compromiso de «estudiar las vías de reversión de la concesión del Hospital Universitario de Burgos (HUBU), siempre que no supongan un coste adicional para las arcas públicas de Castilla y León, creando para su estudio un grupo de trabajo en el que participen el Gobierno autonómico, las Cortes y la entidad concesionaria».
Peña censura la «inconsistencia» del conjunto de medidas que han suscrito ambas formaciones y, en especial, la referente al HUBU, que «cierra la puerta a la imprescindible reversión inmediata» para evitar que la concesión continúe detrayendo una ingente de cantidad de recursos públicos a la sanidad de esta Comunidad Autónoma. «Solo con el sobrecoste de más de 600 millones de euros, hasta la fecha, y los incrementos del canon a la concesionaria, podrían haberse desbloqueado numerosos proyectos pendientes y adoptado soluciones urgentes a las carencias que presenta nuestra sanidad», opina. «No hay vías para la reversión, la reversión es la única vía», recalca.
«Hoy Ciudadanosha dado la espalda al nuevo hospital comarcal de Aranda, a los centros de salud pendientes en nuestra provincia y a las necesidades de la Atención Primaria que tantos problemas está generando en el medio rural, favoreciendo su despoblación, a cambio de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, entre otros cargos, y de sostener a un PP salpicado por casos de corrupción al frente de la Comunidad», denuncia.
La secretaria general del PSOE pide a los responsables provinciales del partido que lidera Albert Rivera explicaciones públicas sobre esta «bajada de pantalones ante sus jefes de Madrid», después de que su ex procurador Manuel Mitadiel presentara en abril una denuncia ante la Fiscalía por una posible malversación de más de 50 millones de euros en el primer modificado del contrato de concesión de obra pública en la construcción y explotación del HUBU.
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