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Miércoles, 4 de abril 2018, 12:14
La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras (Seopan) aboga por mantener el peaje de la AP-1 más allá del 30 de noviembre de este año, cuando teóricamente finaliza su concesión. Así se lo ha planteado la patronal del sector al Ministerio ... de Fomento, insistiendo en que la liberalización de esta vía supondría un coste extraordinario para las arcas del Estado.
En este sentido, Seopan subraya que la vía requiere una inversión para su ampliación y mejora de unos 320 millones de euros y que en los meses de verano la mitad de su tráfico corresponde a vehículos extranjeros. «No tiene sentido que los españoles sufraguen con sus impuestos el tráfico de vehículos extranjeros», señala el presidente de la patronal constructora, Julián Núñez. «Hay que mantener el modelo, con cambios que den satisfacción a las distintas partes», añade.
A mayores, desde la asociación se insiste en que de levantar los peajes en la AP-1, sería el Estado el encargado de asumir el coste de su mantenimiento y de la reversión fiscal que deja de ingresar, una circunstancia que también podría afectar al resto de concesiones que finalizan en los próximos años. Se trata de media docena de autopistas cuya gestión supondría un coste para las arcas públicas de unos 450 millones de euros al año, según Seopan.
Así, entre los cambios que la patronal propone a Fomento para mantener el peaje en la AP-1 figura el de implementar descuentos para los conductores residentes que circulan a diario por la vía, que actualmente es concesión de Itínere.
Además de esta vía, en 2019 está previsto que termine el periodo de concesión del del tramo de la AP-7 entre Tarragona y Alicante, y el del la AP-4 Sevilla-Cádiz, y ya en 2021 culmina el trazado que une Barcelona, con La Jonquera y Tarragona y el de la AP-2 Zaragoza-Mediterráneo. Se da la circunstancia de que la concesión de todas estas vías la tiene Abertis.
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha manifestado en reiteradas ocasiones que la voluntad del Gobierno ante estos vencimientos pasa, en primer término, por no prorrogar la gestión de los actuales concesionarios y que las vías reviertan al Estado. Posteriormente, De la Serna pretende acordar con las principales formaciones políticas la estrategia para estas vías que determinará si se mantienen en la red de carreteras del Estado libres de peaje o si su concesión vuelve a salir a concurso.
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