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44 pares de manos rojas en recuerdo de los 44 años que lleva vigente la concesión de la AP-1, 254 velas en memoria de las 254 víctimas mortales registradas en la N-I desde la última renovación de la concesión en 1994 y ... un reloj de arena para empezar la cuenta atrás de los 364 días que restan para el final de dicha concesión. Un simbolismo trágico, sin duda, pero también una buena manera de reflejar el hartazgo.
Alrededor de dos centenares de personas han secundado hoy una nueva movilización convocada por la Plataforma de Afectados por la N-I, que ha decidido cortar la vía en Briviesca para recordar a las administraciones que siguen ahí. Y que con las medidas que se han tomado hasta ahora para reducir la siniestralidad no basta.
Así lo ha recordado una vez más el portavoz de la Plataforma, Rafael Solaguren, quien ha insistido en que «la única solución» al grave problema de siniestralidad pasa por la «liberalización total» de la AP-1. Todo lo demás son parches. «Se pintan líneas continuas y se ponen señales», pero eso no acaba con el intenso tráfico de camiones que soporta la N-I diariamente, verdadero germen de la siniestralidad, asegura Solaguren.
Tampoco acaban con ello medidas como la acordada semanas atrás entre la Junta y el Ministerio de Fomento para obligar a los camiones a desviarse por la AP-1 a cambio de una bonificación del 75% del peaje. Una bonificación que, a juicio del portavoz de la Plataforma, es totalmente insuficiente. «Pueden y deben llegar al 100% de la bonificación si se les obliga a pasar por la autpoista», ha asegurado Solaguren. Si no, la medida generará más problemas, como así los está generando ya, con aviso de movilizaciones por parte de los transportistas.
Es más, lejos de despejar las dudas a un año vista del fin de la concesión, la aplicación de esta medida está generando nuevas inquietudes entre los vecinos del corredor. «Mucha gente se pregunta si la bonificación y la obligatoriedad para desviar camiones esconde un intento para seguir cobrando un peaje» más allá de diciembre de 2018, ha señalado Solaguren al tiempo que insistía en la necesidad de dejar claras las intenciones y abordar cuanto antes los proyectos de mejora de la autopista de cara a su liberalización total. Y es que, ha añadido, «los accesos no llegan. Hay zonas en las que si se pusieran a trabajar ya se podría hacer de aquí a un año, pero ni siquiera se han puesto a plantificarlo». Más dudas.
Lo que está claro, reitera, es que la solución definitiva pasa por que las barreras de los peajes se levanten para todos los vehículos cuanto antes. Sin más concesiones. Sin más subterfugios. «Todo lo demás será negocio a cambio de seguridad y desarrollo» de la zona. Un negocio que, por cierto, no es tal, ya que, según Solaguren, «si sumas lo que se han gastado en mejoras que no han servido para nada y los costes de seguros, indemnizaciones y pensiones de víctimas» sale una cifra mayor a lo que hubiese costado «liberalizar la autopista hace diez años». Diez años en los que la cifra de víctimas mortales, que solo es la punta del iceberg del problema que arrastra el corredor, no ha hecho si no crecer.
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