«No ofertaba trabajo y solo les dejaba entrar en la nave para que se refugiasen»

Ambos acusados, para los que el Ministerio Público pide penas de hasta 18 años de prisión, negaron esos hechos en su declaración y aseguraron que no ofertaban trabajo ni les encerraban en un almacén, propiedad de J. A. A. P., durante la temporada de recogida de hongos en los montes aledaños de Canicosa de la Sierra. «Ese año salieron muchas setas en esa zona y vinieron muchos rumanos que se mueven por muchas zonas del país. Yo no les ofertaba ningún trabajo, ya que lo que hacía era comprarles las setas al final de la jornada, como hago con otros recolectores, ya sean de Rumanía o de España.

Además, en septiembre, es imposible ofrecer un contrato a alguien porque ni siquiera se sabía que ese año íbamos a tener una buena temporada en esa zona», ha declarado J. A. A. P., que tiene en propiedad una nave en la localidad burgalesa, de unos 100 metros cuadrados, donde pasaban la noche «como mucho 30 personas». «Les dejaba la nave para que se refugiaran y no era obligatorio que se quedaran allí. No he encerrado a nadie», ha continuado.

J. A. A. P., que desconoce cuando tiempo pasaban los recolectores recogiendo setas al cabo del día, aseguró que es «imposible» que trabajaran de noche. «No sé a qué hora empezaban, ni los nombres de esas personas, ni dónde pasaban la noche. Cuando terminaba la jornada, sobre las 18:00 horas, los que me querían vender a mí las setas, me llamaban y les decía a cuánto estaba ese día el kilo. Ellos siempre lo vendían a la empresa que más ofreciera, algunas veces era a mí y otras veces no era así», ha detallado J. A. A. P., que ha reconocido conocer al otro acusado, aunque «no tenía trato con él».

Por su parte, el otro acusado, C. L., de origen rumano, ese 2015 fue su primer año de recogida de setas. Tras varios años de camionero en España, en ese momento, se encontraba en el paro y apostó por la recogida de hongos «para ganar algo de dinero». «Vinimos ocho personas de Rumanía (entre los que se encontraba el denunciante, que era hermano de un cuñado de C. L.), a los que en ningún momento les ofrecí un contrato ni una vivienda. Nunca quité la documentación a nadie. Al ser el que trasladaba a mi grupo al monte, algunos optaban por guardar su documentación en la guantera del vehículo para evitar perderla en el monte», ha asegurado C. L, que alguna vez durmió en la nave de J. A. A. P. «Ese almacén era una opción y habría entre 25 o 30 personas. Muchas veces ni íbamos porque podíamos estar en otros puntos cogiendo setas», ha añadido.

Una vez recolectadas las setas, estas se vendían al peso, cuyo precio oscilaba dependiendo del día y de lo que ofertara el comprador. «No teníamos ninguna vinculación ni compromiso con J. A. A. P.. Era una relación comercial. Le podía vender a él los hongos o no porque siempre se las vendía a la persona que más ofreciera. Además cada uno vendía su productos a quien quería. Nosotros, como grupo, compartíamos gastos de combustible y comida, pero luego vendíamos las setas de forma individual, porque no todos hacíamos las mismas horas o no todos subíamos todos los días al monte», ha agregado.

Sobre la relación con el denunciante de estos hechos, C. L. reconoció que esa persona, también de origen rumano, «bebía mucho, además de tener problemas con una novia y gastar mucho en tragaperras». «Fue una persona problemática en el grupo. Cuando se marchó se fue con su pasaporte, además la denuncia llegó después de que nosotros tuviéramos problemas con otro grupo de rumanos. Se rumorea que esas personas le coaccionaron para que presentara la denuncia», ha afirmado C.L.

Asimismo, en la primera vista oral, también ha declarado como testigos otros recolectores de setas, tanto de origen rumano como vecinos de la comarca, que han asegurado que siempre vendían las setas a la persona que más les ofreciera, siendo en unos casos J. A. A. P. y en otros, otros compradores, desconociendo dónde pasaban la noche muchos temporeros.

Fiscalía pide seis años de cárcel a cada uno por un delito de trata de seres humanos y otros dos años a cada acusado por otro delito contra el derecho de los trabajadores.