Ocho empleados de Burgos pierden la vida en sus puestos de trabajo en 2019, tres más que en 2018

Por un lado, en Burgos ocho empleados fallecieron en sus puestos de trabajo durante el ejercicio 2019, tres más que en 2018. Por otro lado, los siniestros en itinere, de camino al trabajo, bajaron en nueve y en 2019 se situaron en 383. Los accidentes laborales leves en la provincia a lo largo del pasado ejercicio fueron 5.361, 70 más que en 2018. Por su parte, los accidentes laborales graves descendieron en nueve con respecto al 2018 y el pasado año ocurrieron 39. El total de accidentes laborales sufridos en la provincia de Burgos en 2019 fue de 5.408, 64 más que en 2018.

En el total de Castilla y León, 48 empleados fallecieron en sus puestos de trabajo durante el ejercicio, cinco más que en 2018, con un aumento porcentual del 11,6 por ciento. Por otro, los siniestros mortales in itinere, de camino al trabajo, bajaron a dos, desde los 16 del año precedente, con un descenso del 87,5 por ciento. La cifra global de fallecidos se situó así en medio centenar, nueve menos que en el 2018.

Los datos globales que facilita la Junta reflejan que durante el año que acaba de terminar, se contabilizaron en la comunidad, 26.795 accidentes laborales con baja, con un aumento del 4,8 por ciento, es decir, 1.246 más que en 2018. Los siniestros graves sumaron 226, once más que en el ejercicio, un 5,1 por ciento más en cifras relativas.

Por sectores, el número de accidentes creció más en la construcción, un 25,9 por ciento, hasta un total de 3.681; seguido ese aumento por el de la actividad primaria, con una subida del 10,2 por ciento, y 2.073 siniestros. Asimismo, en la industria se produjeron 7.820 accidentes con baja en jornada de trabajo, un 3,7 por ciento más que en el año anterior; y los servicios, 13.221, con un ligerísimo crecimiento del 0,1 por ciento.

En cuanto a los accidentes in itinere, en conjunto sumaron 2.535, un 8,7 por ciento menos que en 2018. Los graves de camino al trabajo fueron sin embargo, 30, dos más que en el ejercicio precedente.

Por lo que se refiere a las enfermedades profesionales, los casos reconocidos ascendieron en el ejercicio de estudio a 574 , lo que supone 81 más que en 2018, con un incremento en términos porcentuales del 16,4 por ciento.

Las secretarias de Salud Laboral de CCOO y UGT en Castilla y León, Sheila Mateos y Azucena Pérez, criticaron duramente unas cifras «inadmisibles» con medio centenar de fallecidos en la comunidad y un incremento de los siniestros graves y del global de los accidentes, un año más, y exigieron un incremento de las sanciones a los empresarios.

Mateos puso de relieve que la precariedad laboral está detrás de los siniestros y denunció que echan en falta desde que empezó la crisis «sanciones» incluso que «conlleven la cárcel para el empresario» porque alguien «debe asumir la responsabilidad» cuando no se ponen los medios adecuados.

En este sentido, comentó que la prevención y la seguridad y salud en el trabajo «parece ser» la última de las preocupaciones de la patronal cuando debería ser la materia que recibiera «el mayor de los cuidados». «Se deben tomar las cosas más en serio y el nuevo Gobierno y la Junta deben elevar las sanciones porque sino nada cambia, cuando la prevención tendría que ser el primer punto del orden del día para cualquier empresario», dijo.

Mateos lamentó que las reformas laborales han permitido una precarización total de las condiciones laborales y han cambiado la forma de los accidentes, ya que antes se producían por caída o aplastamiento y ahora responden más «a la mala organización» del trabajo, a ritmos y cargas inasumibles, así como a la falta de formación de los empleados.

Azucena Pérez constató que el dato de fallecidos, heridos graves y siniestralidad total en la Comunidad, es «para preocuparse, pero mucho». En este sentido, denunció que las empresas han reducido las partidas para seguridad porque lo consideran un gasto en vez de una inversión y «de ahí esas cifras demoledoras».

Pérez sentenció que la responsabilidad última de los accidentes es del empresario y «quiera o no debe cumplir con las medidas que establece la ley». Por último, reclamó que se fortalezca a la inspección y apeló también a que se eleven las sanciones porque «mientras sea más barato incumplir que cumplir la ley» se seguirá incumpliendo.